La reacción del gobierno Petro frente a la hipótesis judicial de un atentado político contra el senador Miguel Uribe Turbay expone una preocupante deriva autoritaria. En lugar de respaldar la labor de la Fiscalía, el Ejecutivo opta por atacar a la prensa y deslegitimar la investigación. Esta actitud no solo vulnera la independencia de poderes, sino que erosiona los pilares de la democracia colombiana.
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