#Editorial: se mueve la cosa política. Sin dar más tiempo a especulaciones, la actual representante verde a la Cámara por…
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El precandidato al senado Alejandro Corrales continúa haciendo maromas para tratar de explicar que tiene un contrato con el aeropuerto…
En tiempos donde la política parece más un campo de batalla, aquí y en https://www.youtube.com/@oparraanaliza ni se odia ni se ama a…
A las oficinas del presidente Petro, varios ministerios y entidades, llegó la carta de cerca de mil apicultores y “abejeros”…
La izquierda ha convertido el asesinato de Manuel Cepeda en un mito fundacional, ignorando casos como el de Miguel Uribe Turbay. Este artículo revela cómo la memoria selectiva distorsiona la verdad, erosiona la reconciliación y perpetúa la polarización política en Colombia.
El Decreto 2170 de 2013 institucionalizó una prima salarial para congresistas y altos funcionarios, consolidando privilegios que subsisten a pesar del discurso de austeridad. La estructura legal y política que blinda estos beneficios revela una profunda incoherencia entre las promesas de cambio y las acciones reales del poder legislativo y ejecutivo.
La reacción del gobierno Petro frente a la hipótesis judicial de un atentado político contra el senador Miguel Uribe Turbay expone una preocupante deriva autoritaria. En lugar de respaldar la labor de la Fiscalía, el Ejecutivo opta por atacar a la prensa y deslegitimar la investigación. Esta actitud no solo vulnera la independencia de poderes, sino que erosiona los pilares de la democracia colombiana.
El candidato presidencial David Luna denunció un nuevo ataque contra su campaña, señalando un patrón de hostigamiento político sistemático. Pese a reiteradas solicitudes a la Fiscalía, la Procuraduría y la UNP, las respuestas institucionales han sido nulas o insuficientes. Esta omisión pone en riesgo no solo su integridad, sino la legitimidad democrática del país.
Una red de silencios cómplices entre rectores y Secretarías de Educación ha permitido que los paros docentes afecten gravemente el derecho a la educación. El desgobierno institucional, la manipulación de la descentralización y la ausencia de controles evidencian una crisis estructural que perjudica a los estudiantes mientras protege intereses sindicales por encima del interés superior del menor.
El escándalo que envuelve al congresista David Racero no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estructura de poder que ha reciclado las prácticas clientelistas del pasado con una narrativa de justicia social. Esta columna analiza la cooptación institucional, la impunidad estratégica y la descomposición del Estado bajo el relato progresista del Pacto Histórico.