Hoy ya es sabido que Australia, Canadá, Chile, Colombia, Islandia, Costa Rica, Hong Kong, Israel, Japón, Noruega, Panamá, Perú, Paraguay y Estados Unidos, entre otros países, comenzaron a principio del 2012, unas charlas secretas, para dibujar un Acuerdo Sobre Comercio de Servicios (TISA), enfocado en el comercia de los servicios públicos, que incluyeran agua potable, energía y aseo, denominándose este grupo como los ABAS: “auténticos buenos amigos de los servicios”.
Dichas charlas estuvieron encaminadas a tomarse por asalto los servicios públicos, en especial los del agua potable y no potable, siendo este un derecho fundamental de la humanidad. Han pretendido con esta alianza, nada más y nada menos, que restringir la autonomía de los gobiernos para regularizar el servicio, lo podría cambiar fundamentalmente los derechos plasmados en la Ley 142 de 1994, más específicamente acerca de cómo están obligados los gobiernos a brindarles subsidio a las clases menos favorecidas.
Este exabrupto se llevó a cabo en el 2013 y hoy avanza en la era de los nuevos gobiernos, junto con las reuniones del consejo sobre comercio de los servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de llegar a un acuerdo muy ambicioso sobre los alcances de la liberación en los servicios y los mecanismos disciplinarios hacia los gobiernos.
Pero ¿de dónde salió esta macabra idea? Las negociaciones de TISA encaminadas a seguir los lineamientos de los tratados de libre comercio para perpetuar las privatizaciones y desregulaciones, esta vez en el sector de los servicios domiciliarios, han buscado un mayor control de sectores privados sobre estos servicios masivos. Y de por medio están las necesidades de la población vulnerable y no vulnerable de Colombia. Este acuerdo es el resultado de la presión de los grandes grupos financieros y económicos del planeta, para satisfacer y llenar sus arcas, no importa que el 70% de la población pobre del mundo se muera de sed a pesar de la existencia de recursos que podrían satisfacer sus necesidades.
Y tiene incidencia en la política local. ¿Aquí se realizaron elecciones a corporaciones públicas y alcaldías y gobernación, se imaginan ustedes amigos lectores que se aplique en definitiva dicho tratado y con una Alcaldía en manos de la política corrupta que tiene el poder? ¿será que el alcalde de Pereira Carlos Maya es prenda de garantía para mantener la joya de la corona Aguas y aguas S.A. como empresa pública? Esos gobernantes solo garantizan la apertura a más privatizaciones y la corrupción, entregando a sus amigos contratistas, a manos llenas, los recursos que salen del bolsillo de los pereiranos, igual acontecerá con las corporaciones públicas, donde de las manos de “dizque” coadministradores (concejales) amigos de las corruptelas de sus mentores, Tipo Samy Merheg, Diego Patiño, Aníbal Hoyos, Juan Gallo, no podemos esperar nada bueno, solo adefesios administrativos a los que nos tienen acostumbrados.
No en vano hemos denunciado siempre los intentos de las últimas administraciones locales de entregar a los españoles, a través de aguas de Barcelona, o el BID, lo último público que queda, la empresa de Aguas y Aguas, pues solo les interesa echarse al bolsillo los derivados del negocio.
Por ende, se necesita que la ciudadanía pereirana despierte y rechace las políticas adoptadas por la alcaldía frente a todos estos hechos, ya que van en contravía de los intereses de los ciudadanos. Hay que partir de los últimos acontecimientos, como los altos costos de las facturas de energía y gas, que siguen subiendo a pesar de los tales anuncios de rebajas por parte del gobierno nacional de Gustavo Petro.
