El 24 de diciembre de 2019, dos meses después de haber terminado la campaña a la gobernación de Risaralda, recibí en la portería de mi casa un documento en el que me notificaban la apertura de una investigación por parte del Consejo Nacional Electoral – CNE -. Una denuncia anónima había sido interpuesta meses atrás por la presunta realización de publicidad electoral anticipada y vulneración a las normas que rigen la propaganda electoral. La norma estipula que sólo se puede hacer publicidad política tres meses antes de las elecciones.
La denuncia estaba dirigida a tres precandidatos del Partido Alianza Verde en Risaralda: Carolina Giraldo, Hernán Roberto Meneses y yo, y exponía como prueba pantallazos de nuestras redes sociales de actividades propias del Partido o de nuestras movilizaciones por causas como el agua, el apoyo a Antanas Mockus, y en mi caso la foto de inscripción como candidata en la registraduría (Fue el 24 de julio y las campañas sólo podían comenzar el 27 de julio).
Para las mujeres que participamos en política, además de las barreras personales, familiares, comunitarias, de financiación y de resistencias dentro del partido político, se suman las barreras judiciales y de control. Estas últimas, aunque no son exclusivas para las mujeres, son generadas generalmente por los mismos copartidarios quienes se resisten a aceptar la competencia dentro de la colectividad y buscan “sacar del camino” “desmotivar” “enredar” a quien osa competirles.
Por otro lado, entre el 2018 y 2019, los precandidatos de los partidos tradicionales o grupos de poder local, realizaron diversos eventos masivos, usaron vallas, publicidad, pagaron pauta en las redes sociales y algunos usaron la figura de recolección de firmas para evitar cumplir con la restricción de la publicidad. Desconozco si por ello, tuvieron investigaciones.
Si bien esta no es una barrera exclusiva para las mujeres o jóvenes alternativos, si se convierte en un factor mas que desmotiva la incursión de ciudadanos independientes, ajenos a procesos políticos tradicionales, a tomar la decisión de participar o continuar en procesos políticos. Ante el costo de una defensa o la pérdida de tranquilidad, muchos prefieren hacerse a un lado. Las denuncias anónimas existen para proteger al denunciante; sin embargo como en esta ocasión, la denuncia es usada en contra de candidatos y políticos que buscan renovar y cambiar las malas prácticas políticas.
De Antanas Mockus aprendí que a pesar de las dificultades de la Democracia, hay que confiar en ella. Esta vez la puse en práctica para la institucionalidad. Acudí a Daniel Silva, reconocido abogado, y actual diputado de Risaralda, quien como amigo me asesoró en la respuesta que debía dar. Un año y medio después, recibí la notificación en la que el CNE se abstiene de sancionarme y da por terminada la actuación administrativa. Si bien el resultado fue positivo para mi, no dejo de tener un sinsabor al ver cómo se desgasta el sistema con denuncias anónimas que sólo buscan desincentivar la renovación en la política.
