A pocos días de terminarse la tercera legislatura del Congreso de la República del período 2018 – 2022 presidida por Arturo Char y después de 11 meses de haberse radicado con “mensaje de urgencia” el proyecto ambiental de ratificación del Acuerdo de Escazú, los congresistas responsables de la ponencia negativa Juan David Velez y Paola Holguín, no sólo se dedicaron a repetir los mitos que se han generado alrededor del Acuerdo, sino que alargaron el debate de votación al punto que obligaron a suspender la sesión para convocar una nueva. ¿Estarán buscando su archivo por vencimiento de términos?

Razón tenía La Pulla, cuando en un su video columna “La Nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas”  detalló  “el libreto” que expondrían los sectores que se opondrían al Acuerdo de Escazú  y cuyo guion ha sido replicado al pie de la letra: “Lo que está en riesgo aquí es la soberanía del país, la protección de la inversión privada y del desarrollo en infraestructura. Nuestro país ya tiene legislación suficiente y con la ratificación, es más lo que perdemos que lo que ganamos”.  Una vez más la técnica de desinformación es usada para desconocer una necesidad colectiva y ambiental.

Pero ¿qué es el acuerdo de Escazú? Es un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, firmado en  2018 por 22 países y que tiene como objetivo “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información ambiental de manera oportuna, a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando se vulneren estos derechos”.  En Colombia además este tema tiene mayor relevancia debido al asesinato de líderes ambientales y en el Eje cafetero, por los proyectos de pequeñas hidroeléctricas y los monocultivos de aguacate hass en zonas cercanas a los páramos.

Generar miedo en el sector empresarial ha sido una constante para garantizar la oposición del sector a iniciativas asociados a la justicia social y ambiental. Contrario a “afectar la soberanía”, los empresarios deben saber que la autonomía legislativa se mantiene intacta y el acuerdo da una guía hacia donde debe ir el tema de regulación ambiental para tener un marco de acción claro, que también puede  beneficiar al sector empresarial. Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el fondo Monetario Internacional tienden a premiar y exigir cada vez más un enfoque de desarrollo económico de la mano de la protección ambiental.

Es probable que ante el lobby del Centro Democrático y de los gremios, el acuerdo de Escazú no sea ratificado. Sin embargo, el tema ambiental es cada vez más importante para la agenda pública y para dar respuesta a una realidad que aunque se quiera negar, cada vez es más evidente.

Por Lina Arango Dávila | @linamariaarango

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en Desarrollo Regional. Asesora en Gobernanza, transparencia y construcción de paz.

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