¿Por qué en el congreso no se da de manera consistente y en bancada un debate serio sobre el sistema financiero colombiano y su resistencia a ser más competitivo y justo para la clase media colombiana? A  pesar de la evidente molestia que causan los altos costos por los servicios financieros, los debates no pasan de ser iniciativas de golondrinas que no hacen verano. La respuesta también es obvia: muchas campañas de congresistas son financiadas por los bancos.

La financiación de las campañas políticas es la puerta de entrada no sólo a la corrupción, si no a la garantía de mantener los privilegios de quienes no quieren ser tocados.  ¿Quiénes van a financiar las campañas del 2022?  Esa es la cuestión, ahí está la clave, y de esa respuesta dependerá  con quien y para quién gobernará y legislará el elegido.   

La financiación de campañas se da de manera legal e ilegal y los vacíos jurídicos existentes permiten que se consigan recursos de manera indirecta. La financiación legal, está relacionada con los aportes o créditos “sobre la mesa” de personas, empresarios, empresas y partidos políticos debidamente identificados y son reportados en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral denominado Cuentas Claras. Allí todos los ciudadanos pueden consultar el total de ingresos y gastos, los créditos y las personas que aportaron donaciones en efectivo o en especie.  Por el contrario, la financiación ilegal, se da con recursos provenientes de actividades ilícitas y por su puesto los ingresos y gastos de campaña asociados a estos dineros no son reportados públicamente. El Estado se ha quedado corto en controlar el dinero ilegal que fluye en las campañas, sin embargo, el control social que los ciudadanos pueden hacer a partir de la información de los financiadores legales, es un paso importante para establecer qué empresas, personas  y conflictos de interés pueden tener un político elegido.

Se aproxima una contienda electoral, y con ella, las apuestas de los financiadores – legales e ilegales – para identificar los candidatos que pueden tener opción y que pueden representar sus intereses en el Congreso de la República y en la presidencia. Entender la relación financiación – política, es un primer paso para saber que no serán esos candidatos financiados por quienes viven de la inequidad y la desigualdad como lo es por ejemplo el sistema bancario colombiano, quienes den el debate por un sistema bancario más justo. ¡Y ese sí que es un tema!

Como cada 4 años, los ciudadanos eligen  los congresistas  y el presidente. En el 2022 habrá miles de candidatos. Unos con muchos más recursos y visibilidad que otros. La evidente desigualdad de la contienda al congreso, sumada a la débil cultura política del ciudadano para verificar quién rodea al candidato  y qué intereses defenderá, serán nuevamente el enemigo de la búsqueda de la renovación y cambio en las prácticas lideradas desde esta instancia de representación.

Por Lina Arango Dávila | @linamariaarango

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en Desarrollo Regional. Asesora en Gobernanza, transparencia y construcción de paz.

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