La transparencia no es un lujo:
es la garantía mínima de la democracia.
En Pereira se destapó una denuncia que prende las alarmas sobre la contratación pública. Se trata del proceso de selección para escoger la interventoría del Aeropuerto Internacional Matecaña, con un contrato superior a diez mil millones de pesos. La queja fue presentada ante los organismos de control, señalando irregularidades graves en los pliegos y en el cronograma del concurso de méritos. Lo que debía ser un procedimiento transparente para asegurar vigilancia y pluralidad de oferentes, hoy luce como un trámite exprés hecho a la medida de unos pocos. La pregunta es simple: ¿estamos frente a una licitación abierta y justa, o ante un carrusel disfrazado de concurso de méritos?
Los hechos son concretos. La convocatoria fue publicada el 8 de agosto de 2025 en la plataforma SECOP II. La firma del contrato está prevista para el 11 de septiembre. Un mes escaso para preparar propuestas técnicas y económicas de semejante envergadura. La Ley 80 de 1993 exige planeación y pluralidad. Aquí se ve lo contrario. Ese cronograma relámpago no garantiza participación amplia ni competencia real. La denuncia lo advierte con claridad: se trata de un proceso acelerado que vulnera principios básicos de la contratación estatal.
Las inconsistencias no se limitan al tiempo. Los pliegos de condiciones y los anexos muestran vacíos técnicos alarmantes. El anexo sobre metodología y plan de cargas establece tres etapas, pero no precisa responsabilidades ni exige personal calificado para labores críticas como calidad, seguridad operacional o gestión predial. Para un aeropuerto internacional, esas omisiones no son detalles: son riesgos. La denuncia señala que estas falencias restringen la competencia y comprometen la vigilancia seria de un contrato que afecta directamente a la ciudad.
Más aún, los requisitos académicos y de experiencia parecen diseñados para excluir. Se piden títulos y especializaciones que no guardan relación directa con las funciones del cargo, cerrando la puerta a profesionales con experiencia comprobada. Este tipo de filtros arbitrarios, como lo expone la denuncia, favorecen a unos pocos y minan la igualdad de condiciones. Una contratación pública sin pluralidad no solo es ilegal: es un atentado contra la democracia.
El panorama se agrava con la exigencia de certificados de contratos aeroportuarios ya terminados. En Colombia, la mayoría de concesiones siguen en ejecución. Es decir, se pide lo que casi nadie puede entregar. Según la denuncia, esta condición no es inocente: es una forma de restringir aún más la competencia y dirigir el proceso hacia un solo jugador. No estamos ante tecnicismos: estamos ante requisitos imposibles que en la práctica excluyen a la mayoría.
No se trata únicamente de papeles. Está en juego la seguridad de miles de pasajeros y la credibilidad de Pereira como ciudad con proyección internacional. Una interventoría débil, mal diseñada o amañada puede convertirse en un problema de calidad, sobrecostos y riesgos operativos. La denuncia alerta sobre esas falencias, y su contenido no puede ser pasado por alto. Un aeropuerto es un motor de desarrollo. Si se entrega al amiguismo y la improvisación, se convierte en símbolo de atraso y corrupción.
Hoy el llamado es claro: la Contraloría y la Procuraduría deben actuar con rigor. No basta con recibir documentos. Se requiere acompañamiento y control estricto en cada etapa. La ciudadanía necesita certezas, no dudas. Pereira no merece otro contrato cuestionado. El Matecaña debe ser orgullo de los pereiranos, no vergüenza nacional. Si dejamos pasar este proceso como si nada, mañana pagaremos con sobrecostos, obras defectuosas y un aeropuerto atrapado en la maraña de la corrupción. Aquí no hay medias tintas: o defendemos la transparencia o nos resignamos al saqueo.
Cinco datos curiosos
- El contrato de interventoría del Matecaña tiene un presupuesto de $10.274 millones, con un plazo de 73 meses.
- El cronograma, de apenas un mes, es mucho más corto que el recomendado por la Ley 80 de 1993 para garantizar pluralidad.
- El anexo técnico exige hasta 18 tipos de interventorías diferentes, pero no prevé personal especializado en calidad, seguridad ni gestión predial.
- Se pide experiencia en concesiones aeroportuarias ya liquidadas, aunque en el país casi todas siguen en ejecución.
- El proceso ya fue puesto en conocimiento de los entes de control bajo reserva legal, como lo permite la Ley 1551.
