Autor: Hernán Tena Cortés | @hernanopina

En Pereira, la unanimidad mediática no ha pasado inadvertida. Mientras la mayoría de medios locales coinciden en un relato favorable sobre la administración municipal, crece entre sectores ciudadanos y periodísticos una pregunta legítima: ¿cómo se está gastando el dinero público destinado a comunicaciones y bajo qué reglas se decide quién recibe esos recursos? Para despejar esa duda, se radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Pereira solicitando información básica: el presupuesto de comunicaciones para 2024 y 2025, el detalle de los contratos asociados a ese rubro y, sobre todo, los criterios institucionales utilizados para distribuir la pauta oficial.…

Hace unos días escribí una columna en la que denuncié presuntas irregularidades en un contrato de comunicaciones suscrito por la Alcaldía de Pereira, particularmente en lo relacionado con la acreditación profesional exigida en el Estudio Previo. El eje de ese primer texto fue claro: el proceso contractual requería un título profesional universitario en Comunicación Social o Periodismo, pero en el expediente público no aparecían ni diploma, ni acta de grado, ni certificación expedida por una institución de educación superior legalmente reconocida. Aquí puedes leer la primera parte de esta historia Tras la publicación de esa columna, la Alcaldía respondió el…

El 26 de noviembre de 2025 fue radicado ante la Secretaría de Educación de Pereira un derecho de petición, en los términos del artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015. Dicho requerimiento solicitó información precisa y verificable sobre una circular institucional presuntamente expedida el 30 de mayo de 2024, relacionada con el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes o con temáticas similares. En concreto, se pidió confirmar la existencia del acto administrativo, remitir copia íntegra del mismo; incluyendo firmas, responsables de su elaboración y número de acto, precisar si su…

La semana pasada publiqué una primera columna sobre la denuncia anónima que llegó a la Personería de Pereira, donde se describían presuntas conductas de acoso y comportamientos inapropiados atribuidos a dos docentes de la Institución Educativa Hans Drews Arango. En ese momento, el ente de control había emitido un Requerimiento Preventivo al colegio y a la Secretaría de Educación Municipal, mientras este medio radicó derechos de petición para verificar el manejo institucional de los hechos. Con ese propósito, solicité a la institución educativa información detallada sobre las actuaciones adoptadas frente a la denuncia: existencia de quejas previas, activación de protocolos,…

La gestión pública no se sostiene sobre percepciones ni rumores: se sostiene sobre procedimientos claros, rendición de cuentas y respuestas verificables. Cuando estos pilares comienzan a fracturarse, el sistema administrativo entero queda expuesto. En la Subsecretaría de Educación, una serie de inquietudes entregadas a este columnista por diversas fuentes internas ha revelado un patrón de tensiones y decisiones controvertidas que ameritan, por parte de la entidad, una explicación pública seria. En el centro de estas preocupaciones aparece la figura de Nataly Córdoba Machado, contratista cuya actuación administrativa, más que despejar dudas, parece multiplicarlas. Lo que se describe es un funcionamiento…

En los últimos días ha llegado a mi conocimiento una denuncia proveniente del interior de la Subsecretaría de Educación que, por su contenido y por las implicaciones institucionales que sugiere, merece una reflexión pública. La figura central de estas acusaciones es la funcionaria Nataly Córdoba Machado, a quien se le atribuyen presuntas prácticas administrativas que, de comprobarse, vulnerarían principios básicos de transparencia, trato digno y equidad en la gestión pública. No se trata de emitir una sentencia, sino de subrayar que la educación, como sector estratégico, no puede permitirse zonas grises en su funcionamiento interno. La primera preocupación que emerge…

La revisión del expediente contractual de la Alcaldía de Pereira evidencia posibles irregularidades en la contratación de un comunicador encargado de presentar, conducir y apoyar los eventos institucionales del gobierno local. El contrato, suscrito por un solo mes por un valor de 3.800.000 pesos, exige expresamente que el proveedor sea un profesional titulado en áreas de comunicación social o periodismo. Sin embargo, los documentos aportados por el contratista no incluyen diploma universitario, acta de grado ni certificación expedida por institución de educación superior, sino únicamente una acreditación gremial otorgada por la Asociación Colombiana de Periodistas, la cual no posee facultad…

La columna analiza cómo la inteligencia financiera en Colombia puede ser usada con fines políticos y los riesgos que enfrentan el Gobierno y la Fiscalía.

Informe revela graves fallas en la Institución Educativa Ciudad Boquía y la desatención de la Secretaría de Educación de Pereira, evidenciando una crisis de control, gestión y supervisión pública.

Un informe técnico reciente sobre la Institución Educativa Ciudad Boquía, entregado el 18 de julio de 2025, expone un panorama que compromete directamente a la Secretaría de Educación de Pereira. De acuerdo con el documento, la institución no cuenta con un Proyecto Educativo Institucional —obligatorio por ley— y varios de sus órganos de gobierno escolar operan de manera parcial o totalmente inactiva. La ausencia de PEI, de manual de convivencia actualizado y de un sistema de evaluación vigente no es solo un síntoma interno: revela fallas graves de supervisión y acompañamiento por parte de la autoridad educativa municipal. El informe…