Una red de silencios cómplices entre rectores y Secretarías de Educación ha permitido que los paros docentes afecten gravemente el derecho a la educación. El desgobierno institucional, la manipulación de la descentralización y la ausencia de controles evidencian una crisis estructural que perjudica a los estudiantes mientras protege intereses sindicales por encima del interés superior del menor.
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