Colombia se enfrenta a una crisis estructural: más de 253.000 hectáreas de coca, guerrillas activas y paramilitares operando. El Estado ha cedido su función esencial de proteger la vida y garantizar la justicia. Entre pactos fallidos y leyes de sometimiento, la violencia sigue siendo la moneda de cambio. La conclusión es dura: Colombia no es un Estado de derecho, sino un narcoestado con bandera.
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