La consulta popular anunciada por el presidente Petro no es un ejercicio inocente de participación directa. A través de preguntas cargadas de emocionalidad y formulaciones ambiguas, el gobierno busca legitimar una agenda populista que ya cuenta con límites jurídicos y soluciones vigentes. Esta columna desmenuza, punto por punto, las implicaciones técnicas, políticas y legales de una consulta que amenaza con erosionar las bases de la democracia institucional.
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