Mientras el salario mínimo apenas supera el millón seicientos mil pesos (Incluído auxilio de transporte), un congresista recibe mensualmente más de 52 millones. Esta cifra no solo representa una brecha abismal en un país con profundas desigualdades, sino que se sustenta en una arquitectura normativa compleja y resistente al cambio que fue profundizada por el decreto 2170 de 2013 y que “regaló” a los congresistas y altos funcionarios del estado una prima que en 2013 era de casi 8 millones de pesos.
El decreto fue presentado como un intento de corregir desequilibrios con otros altos cargos del Estado y terminó consolidando un privilegio salarial que en más de una década ningún presidente se ha atrevido a derogar. A pesar de que Iván Duque prometió en su posesión hacer cumplir la consulta anticorrupción que reducía el salario de congresistas y Gustavo Petro y los congresistas del Pacto Histórico llegaron al poder con promesas de austeridad y reducción de sus salarios, lo cierto es que el Decreto 2170 sigue vigente y blindado por la propia institucionalidad.
Reducir este salario resulta sumamente difícil por múltiples razones. En primer lugar, el artículo 187 de la Constitución establece que su asignación se ajusta anualmente según el promedio del incremento salarial de los servidores del Gobierno Central. Esto crea un sistema automático de aumento que escapa al debate público y que requiere una modificación a la Constitución. En segundo lugar, muchos otros cargos de alto nivel están indexados al salario de los congresistas, lo que convierte cualquier intento de reducción en una amenaza para todo el bloque de poder institucional. Entre estos se encuentran los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, así como el Fiscal General, el Procurador General de la Nación, el Contralor General, el Registrador Nacional, el Defensor del Pueblo y sus respectivos delegados. Delegados que son por supuesto cuotas de los mismos congresistas. Esa dependencia en cascada explica buena parte de la resistencia estructural. Si se elimina la prima de servicios o se reduce el salario de los congresistas, se generaría un ajuste en la remuneración de todos estos altos funcionarios. Esto puede provocar tensiones institucionales, jurídicas y políticas.
Los intentos de reforma desde el Congreso han fracasado sistemáticamente. La falta de voluntad política es palpable, reforzada por una cultura parlamentaria que privilegia el mantenimiento del statu quo. El debate sobre el salario del Congreso no se agota en cifras. Es también una conversación sobre legitimidad, coherencia ética y sentido de lo público y mientras las mayorías políticas se niegan a ceder privilegios, la ciudadanía empieza a construir caminos de incidencia directa, como los fue la consulta anticorrupción de 2018 y el Referendo Antiprivilegios de los congresistas que está activo en el 2025. ¿Lo lograremos?
PD/ Un decreto presidencial se deroga por otro decreto presidencial. ¿Por qué los congresistas del Pacto Histórico no lo mencionan? ¿Por qué Gustavo Petro no lo hace? Una muestra más de la incoherencia entre el discurso antiprivilegios y anticorrupción y los hechos.
