Durante años, hemos tratado nuestras constituciones como si fueran textos sagrados, inamovibles, ajenos al paso del tiempo. Pero ¿y si las pensáramos como contratos vivos, que deben actualizarse con cada generación para seguir siendo legítimos y representativos?
Nunca he sido petrista. Tal vez porque lo traté personalmente en los 90 (…). Resalté sus denuncias en el congreso. Reconozco que la presidencia de Gustavo Petro era previsible desde su enredado paso por la alcaldía de Bogotá. También era previsible que el establecimiento se resistiera a cualquiera de sus propuestas, como ocurre hoy con la de una constituyente ([i] ). Sin embargo, más allá del proponente, la idea merece una discusión seria. Cada generación vive en un contexto radicalmente distinto, con nuevos valores, tecnologías y desafíos. ¿Tiene sentido que una constitución escrita hace 34 años siga definiendo nuestro pacto social?
Reescribir la constitución más que un acto de ruptura es de renovación. Es una oportunidad para que la sociedad se mire al espejo y decida cómo quiere vivir hoy. Según el Comparative Constitutions Project ([ii]), la vida media de una constitución en el mundo es de apenas 19 años ([iii]). Reformarlas no es un capricho, sino una forma de mantener viva la legitimidad democrática.
Eso sí, no se trata de cambiar por cambiar. El PNUD ([iv]) e IDEA Internacional ([v]) coinciden en que un proceso constituyente exitoso debe ser inclusivo, participativo, transparente y jurídicamente sólido. Esto implica una convocatoria amplia, una asamblea representativa con reglas claras, mecanismos de participación ciudadana vinculante y una ratificación popular del texto final.
Volviendo a Petro: ¿qué tiene de electoral o politiquero proponer que se realice una constituyente en el gobierno siguiente? Aquellos que —a sabiendas— insisten en que la propuesta debe pasar por el Congreso pretenden olvidar que antes de la 7ª papeleta, en pro de la constituyente de 1991, en los años 70 y 80 se intentó muchas veces convocar una (López habló de la «mini») y fue imposible. ¿La razón? Las mismas de ahora: el desastroso sistema de entregarle las grandes reformas a uno de los poderes más corrompidos que tenemos, década tras década, tal vez desde el Frente Nacional: el Congreso. Una de las cosas que debería abordar esa constituyente es el financiamiento estatal del 100 % de las campañas electorales y la prohibición total del ingreso de dineros privados a las mismas.
No solo se ha corrompido el poder legislativo, sino también el judicial y los órganos de control (las «ías»), muchas veces amangualados entre sí —aunque, claro, siempre hay excepciones—. ¿Es hora de una constitución que permita elegir democráticamente a jueces, fiscales, procuradores y contralores departamentales y municipales, para que respondan ante la ciudadanía y mejoren su eficiencia?
Y volviendo a los desastres de gobiernos como los de … Pastrana, Duque, entre otros, para no repetir situaciones como esas, ¿no sería hora de una nueva constitución en la que solo gobierne quien tenga mayorías en el —nuevo— Congreso? Para evitar tantos atrasos, incluso con eternas mermeladas clientelistas y corruptas, ¿un sistema parlamentario, al estilo de España, Francia o Italia?
En fin, son muchos los CAMBIOS que necesitamos. No se trata de destruir lo construido, sino de actualizarlo. De abrir un diálogo nacional sobre el país que queremos ser. Porque una constitución nunca será un legado estático: es una herramienta para construir futuro.
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