En los últimos días ha llegado a mi conocimiento una denuncia proveniente del interior de la Subsecretaría de Educación que, por su contenido y por las implicaciones institucionales que sugiere, merece una reflexión pública. La figura central de estas acusaciones es la funcionaria Nataly Córdoba Machado, a quien se le atribuyen presuntas prácticas administrativas que, de comprobarse, vulnerarían principios básicos de transparencia, trato digno y equidad en la gestión pública. No se trata de emitir una sentencia, sino de subrayar que la educación, como sector estratégico, no puede permitirse zonas grises en su funcionamiento interno.
La primera preocupación que emerge de esta denuncia es el presunto retraso sistemático en la firma de informes indispensables para los pagos de quienes trabajan bajo contrato en la dependencia. Los denunciantes afirman que estos trámites, que deberían resolverse en tiempos razonables, podrían prolongarse de manera excepcional, generando incertidumbre económica para personas que, además, carecen de estabilidad laboral. Si bien este señalamiento requiere verificación institucional, no puede soslayarse la posibilidad de que una dependencia pública esté operando bajo dinámicas que afectan de forma tan directa a su talento humano.
El segundo elemento que inquieta es la descripción de un ambiente laboral marcado por respuestas hostiles y dificultades para acceder a información administrativa básica. La denuncia sugiere que consultar por un proceso; algo que debería ser rutinario en cualquier entidad, podría convertirse en motivo de tensión. Estas situaciones, aun cuando sean percepciones subjetivas, indican un problema de clima laboral que debe ser atendido antes de que escale a mayores niveles de confrontación o desgaste institucional.
Tampoco es menor el señalamiento sobre una presunta discrecionalidad en el manejo de adiciones y renovaciones contractuales. Según los testimonios recibidos, existiría la percepción de que algunos procesos avanzan con prioridad frente a otros sin criterios claros, lo que da pie a sospechas de favoritismo. En un contexto en el que los contratos no son automáticos y cada renovación significa la continuidad o la pérdida del sustento para muchas personas, incluso pequeñas irregularidades adquieren dimensiones graves. La administración pública debe ser, ante todo, un espacio donde la igualdad de trato no sea retórica, sino práctica cotidiana.
A ello se suman cuestionamientos sobre procesos de adquisición tecnológica, particularmente en torno a presuntos sobrecostos en computadores destinados al Programa de Gestión Tecnológica. Aunque esta información requiere ser contrastada con los soportes de contratación pública, es innegable que cualquier indicio de opacidad en la compra de bienes para instituciones educativas suscita alarma. La educación, además de formar, debe ser ejemplo de responsabilidad fiscal.
Un aspecto delicado es la mención de que algunos trabajadores habrían sido instruidos para dictar clases sin contar con los títulos que los habilitan legalmente para ello. De confirmarse, estaríamos ante un riesgo jurídico y pedagógico significativo. La docencia no puede improvisarse: requiere formación, competencias y legitimidad profesional. Convertir a un contratista administrativo en docente de la noche a la mañana vulnera la normatividad educativa y envía un mensaje equivocado a la comunidad escolar sobre el valor del proceso formativo.
Finalmente, la denuncia plantea la existencia de una figura de poder no formalizada dentro de la Subsecretaría, en la que la funcionaria mencionada se presentaría como segunda al mando. Más allá de la veracidad de esta afirmación, la sola percepción de una estructura paralela de autoridad es evidencia de que la institucionalidad podría estar enfrentando tensiones internas que deben ser esclarecidas con urgencia. La administración pública no puede depender de jerarquías informales ni de lealtades personales, sino de reglas claras y supervisión efectiva.
Este no es un juicio. Es un llamado. Un llamado a que la Secretaría de Educación revise, con la seriedad que corresponde, estas presuntas irregularidades; a que escuche a quienes no poseen contratos automáticos ni estabilidad laboral; y a que demuestre que el servicio público sigue teniendo como prioridad la transparencia, el respeto y el interés general. Las denuncias pueden ser presunciones, pero la obligación de investigarlas es absolutamente real.
