La gestión pública no se sostiene sobre percepciones ni rumores: se sostiene sobre procedimientos claros, rendición de cuentas y respuestas verificables. Cuando estos pilares comienzan a fracturarse, el sistema administrativo entero queda expuesto. En la Subsecretaría de Educación, una serie de inquietudes entregadas a este columnista por diversas fuentes internas ha revelado un patrón de tensiones y decisiones controvertidas que ameritan, por parte de la entidad, una explicación pública seria. En el centro de estas preocupaciones aparece la figura de Nataly Córdoba Machado, contratista cuya actuación administrativa, más que despejar dudas, parece multiplicarlas.
Lo que se describe es un funcionamiento institucional marcado por retrasos en trámites esenciales, criterios poco transparentes en la gestión de documentos y una cadena de comunicación que, lejos de aliviar las cargas de contratistas y docentes, termina por profundizar su incertidumbre. La Subsecretaría, llamada a garantizar orden y previsibilidad, se ha convertido para muchos en un laberinto normativo sin salida clara. Las decisiones atribuidas a Córdoba; y su estilo de gestión, se mencionan de manera recurrente en distintos relatos provenientes de áreas que, en teoría, deberían operar de forma coordinada.
En este panorama de dudas crecientes, envié a la ciudadana un cuestionario formal que buscaba aclarar procesos y esclarecer responsabilidades. La intención no era otra que cumplir con el deber elemental del periodismo: contrastar versiones antes de publicar cualquier análisis. Las preguntas eran directas, institucionalmente pertinentes y estrictamente administrativas: procedimientos de revisión de informes, trato a contratistas, criterios para priorizar trámites, participación en procesos de compra y definición de funciones dentro de la estructura interna de la dependencia.
Sin embargo, la reacción fue el silencio. Un silencio contundente, prolongado y elocuente. Porque cuando una ciudadana con funciones públicas elige no responder preguntas que apuntan a responsabilidades propias de su cargo, la ausencia de palabras no se interpreta como neutralidad, sino como un acto administrativo más: uno que reitera la opacidad ya percibida. La Subsecretaría, que debería ser referente de comunicación clara entre el Estado y quienes sostienen la labor educativa desde la contratación, optó por no ofrecer ninguna explicación.
Ese silencio se vuelve todavía más problemático considerando el contexto. Las inquietudes no provienen de un único caso aislado ni de un conflicto personal; como quizá algunos preferirían insinuar, sino de un conjunto de experiencias compartidas por personas que no se conocen entre sí, pero que describen dinámicas semejantes. Cuando múltiples actores reportan prácticas administrativas que generan inseguridad, retrasos o confusión, la institución tiene la obligación de revisar su proceder. Y más aún, quien detenta funciones clave dentro del proceso debe estar dispuesta a aclarar, matizar o corregir.
La figura de Nataly Córdoba emerge así no solo como una contratista cuestionada, sino como símbolo de un problema mayor: la existencia de prácticas que parecen operar sin suficiente control, supervisión o coherencia institucional. La Subsecretaría de Educación, encargada de garantizar condiciones dignas y eficientes para quienes sostienen la labor pedagógica, no puede permitirse decisiones unilaterales ni criterios arbitrarios. Una dependencia pública que pierde claridad en su funcionamiento termina por exigir sacrificios a quienes menos margen tienen para asumirlos.
En este contexto, la falta de respuesta al cuestionario no es un detalle menor. Se convierte en un indicador más de la distancia entre la Subsecretaría y sus responsabilidades de transparencia. Si los procedimientos están claros, si las instrucciones están sustentadas, si las decisiones se toman bajo parámetros verificables, no debería haber razón para rehuir a un ejercicio básico de rendición de cuentas. La ciudadanía; y en especial los contratistas del sector educativo, merece explicaciones, no vacíos administrativos ni puertas cerradas.
Por ello, esta columna no pretende condenar, sino exigir. Exigir que la Subsecretaría de Educación y su contratista Nataly Córdoba Machado expliquen, aclaren y respondan. Exigir que los procesos internos se documenten, que los criterios se unifiquen y que las prácticas administrativas dejen de depender de interpretaciones individuales. El silencio puede llenar páginas, pero no resuelve problemas. Y este sector, vital para el futuro de la ciudad, ya no puede permitirse seguir hablando en voz baja mientras sus funcionarios guardan silencio ante preguntas que la comunidad educativa tiene el derecho de formular.
