En Pereira, la unanimidad mediática no ha pasado inadvertida. Mientras la mayoría de medios locales coinciden en un relato favorable sobre la administración municipal, crece entre sectores ciudadanos y periodísticos una pregunta legítima: ¿cómo se está gastando el dinero público destinado a comunicaciones y bajo qué reglas se decide quién recibe esos recursos?
Para despejar esa duda, se radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Pereira solicitando información básica: el presupuesto de comunicaciones para 2024 y 2025, el detalle de los contratos asociados a ese rubro y, sobre todo, los criterios institucionales utilizados para distribuir la pauta oficial. La respuesta oficial llegó, pero no disipó las preguntas de fondo.
En materia presupuestal, la Alcaldía entregó cuadros con cifras globales. Según la información remitida, en 2024 el presupuesto aprobado para comunicaciones superó los 2.454 millones de pesos, con una ejecución cercana a los 1.902 millones. Para 2025, tras sucesivas adiciones, el presupuesto aprobado alcanzó los 6.787 millones de pesos, con una ejecución reportada superior a los 6.073 millones, tres más veces más que el año anterior. Son montos relevantes para una ciudad intermedia y ameritan escrutinio público.
Sin embargo, la información fue entregada en forma de imágenes y cortes parciales, no como una tabla consolidada que permita identificar con claridad los rubros, subrubros, dependencias ejecutoras y modificaciones presupuestales, tal como se solicitó. La diferencia no es técnica: sin un consolidado auditable, el control ciudadano se vuelve más difícil y la rendición de cuentas, más débil.
En cuanto a la contratación, la Alcaldía optó por una respuesta recurrente en el sector público: señalar que toda la información se encuentra disponible en SECOP II, como es apenas obvio. Incluso dedicó buena parte del documento a explicar cómo realizar búsquedas en la plataforma, como si fuera muy difícil. El mensaje implícito fue claro: la información existe, pero es el ciudadano quien debe reconstruirla, con tutorial incluido.
Aun así, la propia administración adjuntó un archivo Excel con contratos de 2024 y 2025 asociados a la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. Ese anexo, entregado como parte de la respuesta oficial, revela que no se trata de cifras marginales, sino de miles de millones de pesos comprometidos en decenas de contratos relacionados con difusión, producción y servicios de comunicación.
El problema no es la existencia de contratos ni el uso de la pauta institucional en sí misma, una herramienta legítima de divulgación pública. El problema es lo que no aparece en la respuesta: no se entregó el documento que contenga los criterios de selección y distribución de la pauta oficial, a pesar de haber sido solicitado de manera expresa. No hay reglas conocidas, no hay matriz de evaluación, no hay indicadores de alcance, audiencia o impacto.
Sin criterios públicos, la pauta se mueve en un terreno opaco. La ciudadanía no puede saber si los recursos se asignan por audiencia, pertinencia, cobertura territorial, eficiencia del medio o simple discrecionalidad. En ese vacío florecen las sospechas, no necesariamente por hechos probados, sino por la ausencia de reglas claras que las disipen y por una campaña al senado que las rodean.
A este escenario se suma un detalle menor en apariencia: la respuesta oficial contiene errores básicos, como la referencia equivocada a normas legales, algo conocido como alucinación en el mundo de la IA, ahora en humanos. En un tema tan sensible como el uso del dinero público para comunicaciones, estos descuidos refuerzan la percepción de improvisación y falta de rigor institucional.
Pereira no necesita unanimidades acríticas ni sospechas permanentes. Necesita transparencia activa. Si la administración está convencida de que la pauta oficial se distribuye con criterios técnicos y objetivos, el camino es sencillo: publicar esos criterios, explicar las decisiones y permitir que los ciudadanos auditen. Mientras eso no ocurra, el debate seguirá abierto. Y con razón.
