La televisión desempeña un rol mayúsculo en beneficio de la cultura, la ciencia y las artes de las sociedades avanzadas. Los canales públicos, además de la difusión, aportan a través de la producción de contenidos que contribuyen al fortalecimiento y la organización social. No obstante, el desmonte de la televisión pública por la vía de la legislación regresiva, desemboca en medidas que favorecen la comercialización, la concentración comercial y la corrupción del sector.
Si echamos un vistazo rápido a la televisión mundial, encontramos que, el de Estados Unidos, por ejemplo, es un mal modelo televisivo en términos de función pública; pues desde sus orígenes ha estado inclinado al mercado. Aun así, su sistema público es regulado, planifica y separa funciones.
En contraste, el modelo europeo ofrece mayores referencias en cuanto a universalización, transformaciones y alcances. Al punto que los contenidos públicos han logrado inducir a los competidores comerciales a ofrecer producciones con características similares. Su importancia ha sido tal, que fue una de las líneas rojas en las conversaciones de tratados comerciales entre Francia y Estados Unidos, pues la cultura, incluida la producción y difusión, al igual que el vino francés, no fueron considerados intercambiables con la de los ‘rambos’ norteamericanos. Incluso en facultades de comunicación y altos niveles de consejería europea, se discute la diferencia entre televisión estatal y pública, dado que la primera promueve los intereses del gobierno mientras la segunda garantiza la autonomía e independencia editorial.
Precisamente desde este punto pretendemos aportar al caso Telecafé. Sin evadir una de las consecuencias del desmonte de la televisión pública: la relacionada con posible corrupción. Pues han existido cuestionamientos porque el canal regional “habría suscrito contratos para servicios logísticos (El Diario, julio 15 del 2022); y según expuso en medios el diputado Durguez Espinoza, ofrecían hasta transporte aéreo y marítimo. Más recientemente, una investigación de La Patria, vincula a la exgerente María Teresa Ramírez, recomendada del gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, con el caso de las marionetas del detenido senador Mario Castaño (Los hilos que Mario Castaño todavía mueve en Telecafé. Enero 30/2023).
Son estos, efectos emanados del relajamiento de las normas que regulan la televisión, y de la desfinanciación en favor de la televisión de tipo privado, incluido el transfronterizo pactado en los TLC en cuanto cuotas de pantallas, ocupación del espectro, entre otros; por lo demás, un menú servido al clientelismo y la corrupción.
Ahora bien, querer resolver estos problemas sin discutir el grado de concentración mundial en el sector de los medios, además dominadores de las nuevas tecnologías, sería imposible. Los monopolios que empezaron a filtrar el agua al barco de la televisión pública europea y la vienen deteriorando, han llegado a estas penínsulas criollas como tormentas que sacan a flote los restos ya descompuestos de lo sembrado en el pasado en favor de la televisión pública colombiana a manos de verdaderos conocedores. Toda una pena económica y cultural, agobiante, a sabiendas que afloran múltiples talentos profesionales y de oficio, refugiados hoy en el océano de las redes sociales.
