«Reconstruir los colegios también exige responder por quienes los mantienen funcionando.»
Hay denuncias que una administración responsable debería aclarar en cuestión de horas. Esta es una de ellas. He recibido el testimonio de trabajadores administrativos que prestaban sus servicios en instituciones educativas de Pereira mediante la empresa Misión Plus. Secretarios, tesoreros, bibliotecarios y otros trabajadores aseguran que sus contratos terminaron abruptamente el pasado 22 de agosto, apenas doce días después del terremoto que golpeó a Pereira. La denuncia merece especial atención porque la ciudad se encontraba; y continúa, enfrentando una calamidad pública que obligó precisamente a la Alcaldía y a la Secretaría de Educación a adoptar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio educativo. Mientras Pereira habla de reconstrucción, hay trabajadores que aseguran no saber siquiera cuándo volverán a recibir un salario.
Según los testimonios recibidos, la comunicación llegó de un día para otro: el 21 de agosto les informaron que el 22 terminaba su vinculación. Más grave todavía: los denunciantes sostienen que, al 14 de septiembre, todavía esperaban el pago de sus liquidaciones y prestaciones y que la respuesta recibida era que no existía una fecha definida. Corresponde ahora a Misión Plus explicar públicamente qué ocurrió, cuál fue la causa jurídica de la terminación de esos contratos, cuántos trabajadores resultaron afectados, cuándo se pagarán las acreencias pendientes y si las terminaciones requirieron alguna actuación ante el Ministerio del Trabajo. La legislación colombiana establece requisitos específicos cuando una terminación alcanza los umbrales establecidos para ser considerada despido colectivo; por eso no basta con decir que un contrato terminó: hay que conocer exactamente cómo, por qué y bajo qué figura terminó.
Pero hay una segunda denuncia. Algunos de los afectados aseguran que rectores de instituciones educativas les han pedido regresar para adelantar tareas administrativas a pesar de que todavía no cuentan con un nuevo contrato. Según el relato recibido, algunos han accedido porque esperan ser nuevamente vinculados y porque el trabajo en los colegios continúa acumulándose. Si esto está ocurriendo, debe detenerse y aclararse de inmediato. Nadie debería estar prestando gratuitamente una labor que normalmente es remunerada con la esperanza de que quizás mañana aparezca un contrato. Y mucho menos deberían estar firmándose documentos o ejecutándose funciones institucionales sin que esté absolutamente definida la relación bajo la cual esas personas están actuando.
Aquí la Alcaldía de Pereira no puede refugiarse cómodamente detrás del tercero contratante. Puede existir una empresa intermediaria y pueden existir relaciones contractuales cuya responsabilidad jurídica deba establecerse caso por caso, pero estamos hablando de personas que desempeñan funciones administrativas dentro de las instituciones educativas de la ciudad. La propia Secretaría de Educación reconoció, después del terremoto, que la continuidad del servicio dependía también de las capacidades humanas y administrativas de los colegios y expidió lineamientos específicos para mantener funcionando la gestión educativa durante la contingencia. Por eso resulta razonable exigirle a la administración municipal que explique qué conoce sobre estas terminaciones, cómo garantizará la continuidad de esas labores y qué controles ejerce sobre la ejecución de los contratos mediante los cuales se suministra este personal.
Y aparece una contradicción política. Pereira acaba de reorientar $85.166 millones para enfrentar la emergencia y avanzar en la reconstrucción después del terremoto. Hay recursos destinados a infraestructura, maquinaria, demolición, estabilización y recuperación de bienes públicos, incluidas instituciones educativas. Eso demuestra la magnitud de la emergencia que enfrenta la ciudad. Pero reconstruir Pereira no consiste únicamente en levantar paredes. También significa proteger la capacidad institucional y humana que mantiene funcionando los servicios públicos. Sería incoherente reconstruir colegios mientras quienes ayudan a administrarlos permanecen esperando una liquidación o trabajando sin saber cuándo volverán a tener contrato.
Por eso esta columna no sentencia: pregunta y exige respuestas. ¿Cuántas personas fueron desvinculadas el 22 de agosto? ¿Cuál fue exactamente la causal utilizada? ¿Cuándo recibirán sus liquidaciones? ¿Existió alguna actuación ante el Ministerio del Trabajo? ¿Hay personas trabajando actualmente en instituciones educativas sin contrato vigente? ¿Quién autorizó que regresaran? ¿Cuándo serán nuevamente contratadas? Misión Plus, la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Pereira deberían responder públicamente. Y si las autoridades laborales encuentran irregularidades, deberán actuar. Una ciudad golpeada por un terremoto ya tiene suficientes ruinas físicas como para permitir que, entre los escombros, también se extravíen los derechos de quienes trabajan para mantenerla funcionando.
