El pasado 8 de julio, Diario La Nube publicó la columna ¿Quién decide dónde se compra el futuro de los estudiantes?, a partir de una denuncia ciudadana que planteaba inquietudes sobre la adquisición de equipos tecnológicos para algunas instituciones educativas de Pereira. Como señalamos entonces, las afirmaciones conocidas requerían ser verificadas por las autoridades competentes y contrastadas con la información oficial.
Ese ejercicio de contraste nos llevó a conversar con la Subsecretaría de Planeación y Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Pereira, con el propósito de conocer su versión sobre los hechos y comprender mejor el contexto de las inquietudes planteadas.
La primera precisión es importante. Según la información suministrada por la Secretaría, la inversión en equipos tecnológicos a la que hacen referencia algunas versiones no corresponde a recursos ejecutados por esa dependencia. Se trata, explicaron, de recursos propios de un plan de robótica que cuenta con acompañamiento institucional, pero cuya financiación y proceso de adquisición no hacen parte de una contratación realizada directamente por la Secretaría de Educación.
La aclaración merece ser tenida en cuenta. En materia de contratación pública no basta con identificar un proyecto; es indispensable establecer quién financia, quién contrata, quién ejecuta y quién supervisa cada proceso. Solo esa precisión permite determinar responsabilidades y evita atribuir actuaciones a entidades que podrían no tener competencia sobre ellas.
Durante ese encuentro también conocimos uno de los programas que sí representa una inversión directa de la Secretaría de Educación: la Escuela Bilingüe.
La iniciativa busca fortalecer las competencias en inglés de 252 docentes de preescolar y básica primaria pertenecientes a 21 instituciones educativas oficiales de Pereira. El programa contempla más de 700 horas de formación presencial apoyadas por plataformas virtuales, jornadas de inmersión lingüística y un proceso de acompañamiento pedagógico que supera las 14.000 horas de coaching especializado dentro de las aulas.
En conjunto, la estrategia supera las 15.000 horas de formación y permitirá que cada docente reciba cerca de 175 horas de capacitación, una intensidad alineada con los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La primera cohorte inició en 2025 y continuará durante este año mientras nuevos docentes se incorporan al proceso.
Se trata de una apuesta que merece reconocimiento. Mejorar el dominio del inglés de los docentes no solo fortalece sus competencias profesionales; también amplía las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes que, durante los próximos años, recibirán una enseñanza con mejores herramientas pedagógicas. Invertir en la formación de quienes enseñan es una de las formas más efectivas de invertir en la calidad de la educación pública.
Ese reconocimiento, sin embargo, no reemplaza la necesidad de esclarecer cualquier denuncia relacionada con el manejo de recursos públicos. Son asuntos diferentes y ambos merecen atención. Una administración puede desarrollar programas valiosos y, al mismo tiempo, estar llamada a responder con absoluta transparencia frente a los interrogantes que surjan sobre procesos específicos. Del mismo modo, la existencia de una denuncia no puede convertirse automáticamente en una descalificación de todas las políticas públicas que una entidad adelanta.
Las investigaciones que correspondan deberán establecer si las inquietudes conocidas tienen fundamento o si las explicaciones entregadas por la administración permiten despejar definitivamente las dudas. Ese trabajo les corresponde a los organismos competentes.
A los columnistas de opinión nos corresponde algo distinto: escuchar las denuncias ciudadanas, contrastarlas con todas las fuentes disponibles y ofrecer a los lectores la información más completa posible. Ese ejercicio incluye publicar las inquietudes cuando revisten interés público, pero también incorporar las explicaciones oficiales cuando aportan elementos relevantes para comprender los hechos.
La ciudadanía necesita ambas cosas: instituciones dispuestas a rendir cuentas y un periodismo que no renuncie ni a preguntar ni a verificar. Solo así la confianza pública deja de depender de versiones enfrentadas y empieza a construirse sobre información, evidencia y transparencia.
