La sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Pereira, celebrada el 26 de agosto de 2025, giró en torno a la socialización del proyecto de acuerdo número 28, liderado por el concejal Wilfford López. La propuesta busca establecer lineamientos para una estrategia integral de atención primaria en salud mental, articulando acciones de varias secretarías municipales sin implicar nuevos gastos fiscales. López recordó que en 2024 el Hospital Mental de Risaralda atendió más de 30.000 consultas en psiquiatría y psicología; un promedio mensual de 2.500, y que la tasa de suicidio en adolescentes alcanza el 10,7%, mientras que en jóvenes llega al 14,3%. El consumo de alcohol se inicia, en promedio, a los 13 años, lo que agudiza la crisis.
El oficialismo respaldó la necesidad de actuar con urgencia, pero introdujo reparos técnicos. El concejal Elkin Gutiérrez propuso incluir un artículo que asegure la articulación normativa con el Acuerdo 24 de 2017 y sugirió anexar indicadores concretos: número de capacitaciones realizadas, cobertura de tamizajes, ajustes en rutas de atención y casos exitosos de reintegración social. También enfatizó la importancia de precisar la sostenibilidad fiscal, recordando que la Constitución (artículo 334) y la Ley 819 de 2003 exigen evaluar el impacto económico de toda iniciativa normativa.
El concejal Carlos Hernán Muñoz fue categórico: pidió que las medidas se incorporen directamente a la política pública de salud mental ya existente (2017-2027), extendiéndola hasta 2035, con el fin de garantizar seguimiento obligatorio, recursos asignados en los planes de desarrollo y control anual por parte del Concejo. Según Muñoz, de no hacerse así, el proyecto correría el riesgo de convertirse en “un acuerdo más sin ejecución”. Nelson Pulido, por su parte, planteó incluir un artículo sobre “salud mental digital” ante el impacto de las redes sociales en los jóvenes, y advirtió que sin presupuesto explícito la estrategia puede quedarse en buenas intenciones.
El debate contó con la participación de expertos invitados. La psicóloga Laura Rivera presentó estudios que muestran un aumento del 28% en casos de ansiedad en mujeres de 30 a 39 años, además de un 6,6% en depresión mayor. En adolescentes, investigaciones de 2023 revelaron altos niveles de estrés, ansiedad y trastornos del sueño en instituciones públicas. El boletín de salud de Risaralda de 2024 confirmó un incremento del 77,9% en la tasa de suicidios en Pereira, un dato que generó visible inquietud entre los concejales.
En total, 17 concejales respondieron al llamado a lista, sin ausencias ni abstenciones en la discusión. Aunque no hubo votación formal, la socialización dejó claro un consenso: el problema de la salud mental requiere medidas inmediatas y verificables. Sin embargo, las posturas difieren en el camino: mientras algunos apuestan por un nuevo acuerdo, otros insisten en fortalecer la política pública existente para blindarla jurídicamente y asegurar su continuidad.
El impacto ciudadano es evidente: miles de pereiranos, en especial jóvenes, enfrentan riesgos crecientes de depresión, ansiedad y suicidio. Lo discutido en el Concejo no es un asunto menor ni un ejercicio retórico: de la decisión final dependerá si Pereira cuenta con una política de salud mental con recursos, control y sostenibilidad, o si todo queda en discursos sin ejecución. La lección que deja la sesión es clara: la institucionalidad debe responder con rigor y responsabilidad, porque en este terreno la improvisación se paga con vidas humanas.
