La revisión del expediente contractual de la Alcaldía de Pereira evidencia posibles irregularidades en la contratación de un comunicador encargado de presentar, conducir y apoyar los eventos institucionales del gobierno local. El contrato, suscrito por un solo mes por un valor de 3.800.000 pesos, exige expresamente que el proveedor sea un profesional titulado en áreas de comunicación social o periodismo. Sin embargo, los documentos aportados por el contratista no incluyen diploma universitario, acta de grado ni certificación expedida por institución de educación superior, sino únicamente una acreditación gremial otorgada por la Asociación Colombiana de Periodistas, la cual no posee facultad legal para conferir títulos profesionales. Esta omisión resulta incompatible con los requisitos consignados en el Estudio Previo del proceso.
Aquí puedes leer la parte II de esta historia
El contrato tiene por objeto la organización y conducción de eventos institucionales, actividades de locución y apoyo comunicacional, funciones que inciden directamente en la divulgación de la gestión municipal. Dado el alcance del objeto, la exigencia de un profesional titulado constituye un criterio mínimo para asegurar la calidad de los contenidos y la adecuada representación institucional. No obstante, la Hoja de Vida incluida en el SIGEP declara —sin soporte académico verificable— que el contratista habría cursado diez semestres universitarios y estaría “graduado”, declaración avalada por la jefatura de comunicaciones. Este hecho genera serios interrogantes sobre los mecanismos de verificación documental y el rigor con que la administración municipal certifica la idoneidad de quienes cumplen labores estratégicas en la comunicación pública.
Aquí puedes leer la parte II de esta historia
El caso se enmarca en un contexto más amplio: la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones ha venido tercerizando funciones centrales de vocería, presentación y producción de contenidos a través de contratos mensuales y de corta duración, práctica que dificulta la trazabilidad, reduce el control ciudadano y favorece la discrecionalidad operativa. Este esquema de contratación fragmentada, sumado a la ausencia de soportes académicos en un cargo que involucra contacto directo con la ciudadanía y proyección pública del alcalde, puede interpretarse como parte de un modus operandi institucional orientado a mantener estructuras internas de comunicación que responden más a dinámicas de confianza política que a criterios técnicos verificables.
Aquí puedes leer la parte II de esta historia
La fragilidad documental observada no solo compromete el principio de selección objetiva establecido en la Ley 1150 de 2007, sino que también plantea inquietudes sobre la independencia, profesionalización y transparencia de la comunicación institucional en Pereira. En un área tan sensible para la opinión pública como lo es la difusión de actividades oficiales y el relato gubernamental, la falta de rigor en la verificación de requisitos y la continua externalización de funciones claves pueden derivar en prácticas que limiten el debate democrático, condicionen el acceso a información veraz y debiliten los contrapesos en la esfera pública local.
Aquí puedes leer la parte II de esta historia
Dato curioso:
—Según hoja de vida, se graduó en Julio de 2024; y el mismo mes, obtuvo tarjeta profesional y homologación de la asociación colombiana de periodistas.
