El acuerdo de Escazú es un convenio promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, firmado en 2018 por 22 países y que tiene como objetivo “garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información ambiental de manera oportuna, a participar en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando se vulneren estos derechos”.
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