Hay una forma silenciosa de corrupción que rara vez ocupa titulares nacionales. No aparece envuelta en grandes contratos ni en multimillonarios desfalcos. Se instala, más bien, en la rutina de los municipios pequeños, donde la proximidad entre el poder político y la vida cotidiana hace que las fronteras entre lo público y lo privado comiencen a desdibujarse. Una denuncia presentada ante diversos organismos de control sostiene que, en el municipio de Mistrató, particulares sin vínculo legal con la administración estarían coordinando personal, ordenando actividades y realizando pagos en efectivo a trabajadores del área de Movilidad. Son afirmaciones que hoy están bajo investigación, pero cuya sola existencia obliga a formular preguntas que trascienden el expediente y alcanzan el corazón mismo de la institucionalidad.
Si los hechos denunciados resultaran ciertos, el problema sería mucho mayor que un eventual incumplimiento laboral. Estaríamos frente a un modelo paralelo de administración pública. El Estado dejaría de actuar mediante funcionarios y procedimientos reglados para delegar funciones en operadores informales cuya legitimidad no proviene de la ley, sino de la cercanía con el poder político. Ese es el verdadero riesgo. Cuando quienes toman decisiones no aparecen en los decretos, ni en la nómina, ni en los contratos oficiales, la responsabilidad se vuelve difusa y el control institucional comienza a diluirse. Allí nace la impunidad: en los espacios donde nadie firma, pero todos obedecen.
La denuncia describe un esquema importante: pagos realizados fuera de las instalaciones oficiales, dinero entregado en efectivo, recibos sin copia, ausencia de aportes a la seguridad social y descuentos presuntamente arbitrarios sobre remuneraciones ya precarias. Cada uno de estos elementos, por separado, merece una verificación rigurosa por parte de las autoridades competentes. En conjunto, sin embargo, proyectan la imagen de una administración que habría sustituido los procedimientos legales por mecanismos informales propios de organizaciones políticas y no de instituciones públicas. Si el Estado paga como si fuera un particular, termina gobernando como si tampoco estuviera sometido a la ley.
Existe, además, un aspecto que merece atención política. La información conocida señala que quienes ejercerían estas funciones actuarían por compromisos derivados de la campaña electoral. Esa afirmación deberá ser corroborada o descartada por las investigaciones. Sin embargo, plantea un fenómeno ampliamente conocido en la política colombiana: la conversión de las administraciones locales en mecanismos de retribución electoral. Las campañas terminan cuando se cierran las urnas. El gobierno comienza cuando se respetan las instituciones. Cuando ambas etapas se confunden, el interés general deja de ser el criterio rector y la administración corre el riesgo de convertirse en la extensión de una maquinaria política.
También resulta significativo el comportamiento de los organismos de control. La Contraloría General de la República manifestó no tener competencia directa para investigar los hechos denunciados, pero consideró procedente remitir la información a la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo. Esa decisión no constituye una validación de las acusaciones ni un juicio anticipado sobre los implicados. Significa algo distinto: que las denuncias contienen elementos suficientes para ser conocidas por las autoridades competentes. En un Estado de derecho, ese es precisamente el camino correcto. Las denuncias se investigan; no se archivan en el terreno de la indiferencia ni se descalifican únicamente por incomodar al poder.
Quizá el episodio institucional más atractivo sea la respuesta de la Personería Municipal. Inicialmente se certificó que no existían antecedentes sobre los hechos denunciados. Sin embargo, tras recibir las comunicaciones ciudadanas, ese mismo despacho informó la apertura de una indagación preliminar y confirmó que actualmente existe una actuación disciplinaria en curso, protegida por la reserva legal. Este cambio no demuestra que las denuncias sean ciertas, pero sí evidencia que la acción ciudadana produjo una reacción institucional concreta. En una democracia saludable, los organismos de control no deben esperar a que el escándalo alcance dimensiones nacionales para empezar a ejercer las funciones que la Constitución les asigna.
Más allá del desenlace judicial, este caso recuerda una verdad incómoda: las instituciones no se deterioran únicamente por acción de quienes abusan del poder, sino también por la pasividad de quienes están llamados a vigilarlo. La vigilancia ciudadana no reemplaza a los organismos de control, pero sí cumple una función indispensable cuando estos no alcanzan a detectar oportunamente situaciones que generan preocupación pública. Una democracia madura necesita ciudadanos que denuncien con responsabilidad y autoridades que respondan con independencia. Lo contrario conduce a una peligrosa normalización de prácticas informales que terminan erosionando la confianza en el Estado.
La presunción de inocencia debe respetarse para todos los involucrados, y corresponde exclusivamente a las autoridades establecer la veracidad de las acusaciones y determinar eventuales responsabilidades. Pero también debe respetarse otro principio esencial de toda democracia: el derecho de la sociedad a exigir explicaciones cuando surgen denuncias serias sobre el manejo de los recursos públicos y el ejercicio del poder. El silencio jamás fortalece la institucionalidad; la transparencia sí. Si las investigaciones descartan las acusaciones, será una buena noticia para Mistrató. Si las confirman, el verdadero desafío será reconstruir la confianza perdida en unas instituciones que nunca debieron permitir que el poder dejara de firmar.
Hernán Tena
Columnista de opinión
@hernanopina
