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El derecho de petición es un mecanismo fundamental para que los ciudadanos obtengan respuestas claras y oportunas de los funcionarios públicos. No cumplir con este deber, o responder de manera evasiva, puede acarrear sanciones legales para quienes incumplan con sus responsabilidades.

En Colombia, la corrupción es un problema en muchas instituciones públicas y privadas, pero la fiscalía ha demostrado su capacidad para investigar y condenar a los responsables, como en el caso del senador Mario Castaño. Aunque aún hay mucho por hacer, es importante seguir luchando contra la corrupción con herramientas como la denuncia ciudadana y el trabajo de los medios de comunicación.