La carta de un padre de familia de cuarto de primaria del INEM Felipe Pérez no es un gesto político ni una exageración emocional. Es una alerta razonable. Cuando un niño no sabe qué cuadernos llevar porque solo en la mañana le informan qué clase verá ese día, cuando recibe cinco horas seguidas de educación física o cinco horas continuas de español mientras otras materias prácticamente no aparecen, el problema deja de ser interno y se convierte en público. La educación no puede depender de la improvisación diaria. Lo que se describe en el INEM Felipe Pérez es estructural: ausencia…
Autor: Hernán Tena Cortés | @hernanopina
Hernán Tena Cortés | @hernanopina
Columnista, docente e investigador, director de Diario la Nube. Especialista en Educación Superior, con maestría en Lingüística Aplicada y actualmente doctorando en Pensamiento Complejo. Cursa estudios en ciencias políticas y jurídicas, con formación adicional en negocios internacionales, análisis de discurso político y un MBA en Marketing y Comunicación Política. Autor de libros y artículos en revistas indexadas, y miembro de la Asociación Irlandesa de Traductores e Intérpretes.
El debate no es personal ni emocional. La columna examina fallas documentales, omisiones administrativas y responsabilidades institucionales frente a una denuncia grave en el ámbito educativo.
El reciente debate sobre los permisos sindicales en la Secretaría de Educación de Pereira ha sido presentado ante la opinión pública como una consecuencia obligada de un informe de la Contraloría. No obstante, una lectura atenta del documento permite una conclusión distinta: el órgano de control no ordenó suprimir ni restringir de manera general los permisos sindicales, sino corregir una forma de administración que los concedió sin criterios claros de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, generando efectos indeseables sobre la prestación del servicio educativo. El informe es explícito al señalar que el problema no fue el derecho sindical en sí mismo,…
Tras las denuncias públicas formuladas en diciembre, se presentó un derecho de petición para esclarecer competencias, jerarquías y procedimientos en la Subsecretaría de Educación de Pereira. La respuesta oficial no desmintió los hechos denunciados; los ordenó. Allí aparece Nataly Córdoba Machado como contratista sin funciones, pero con presencia operativa constante. Esa contradicción explica el conflicto. La administración optó por una defensa formalista, evitando pronunciarse sobre el ejercicio real del poder. Lo solicitado fue transparencia. Lo respondido fue una arquitectura diseñada para diluir responsabilidades y proteger decisiones ya tomadas mediante silencios administrativos, ambigüedades normativas y una narrativa institucional cuidadosamente construida oficial.…
En Pereira, la unanimidad mediática no ha pasado inadvertida. Mientras la mayoría de medios locales coinciden en un relato favorable sobre la administración municipal, crece entre sectores ciudadanos y periodísticos una pregunta legítima: ¿cómo se está gastando el dinero público destinado a comunicaciones y bajo qué reglas se decide quién recibe esos recursos? Para despejar esa duda, se radicó un derecho de petición ante la Alcaldía de Pereira solicitando información básica: el presupuesto de comunicaciones para 2024 y 2025, el detalle de los contratos asociados a ese rubro y, sobre todo, los criterios institucionales utilizados para distribuir la pauta oficial.…
Hace unos días escribí una columna en la que denuncié presuntas irregularidades en un contrato de comunicaciones suscrito por la Alcaldía de Pereira, particularmente en lo relacionado con la acreditación profesional exigida en el Estudio Previo. El eje de ese primer texto fue claro: el proceso contractual requería un título profesional universitario en Comunicación Social o Periodismo, pero en el expediente público no aparecían ni diploma, ni acta de grado, ni certificación expedida por una institución de educación superior legalmente reconocida. Aquí puedes leer la primera parte de esta historia Tras la publicación de esa columna, la Alcaldía respondió el…
El 26 de noviembre de 2025 fue radicado ante la Secretaría de Educación de Pereira un derecho de petición, en los términos del artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015. Dicho requerimiento solicitó información precisa y verificable sobre una circular institucional presuntamente expedida el 30 de mayo de 2024, relacionada con el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes o con temáticas similares. En concreto, se pidió confirmar la existencia del acto administrativo, remitir copia íntegra del mismo; incluyendo firmas, responsables de su elaboración y número de acto, precisar si su…
La semana pasada publiqué una primera columna sobre la denuncia anónima que llegó a la Personería de Pereira, donde se describían presuntas conductas de acoso y comportamientos inapropiados atribuidos a dos docentes de la Institución Educativa Hans Drews Arango. En ese momento, el ente de control había emitido un Requerimiento Preventivo al colegio y a la Secretaría de Educación Municipal, mientras este medio radicó derechos de petición para verificar el manejo institucional de los hechos. Con ese propósito, solicité a la institución educativa información detallada sobre las actuaciones adoptadas frente a la denuncia: existencia de quejas previas, activación de protocolos,…
La gestión pública no se sostiene sobre percepciones ni rumores: se sostiene sobre procedimientos claros, rendición de cuentas y respuestas verificables. Cuando estos pilares comienzan a fracturarse, el sistema administrativo entero queda expuesto. En la Subsecretaría de Educación, una serie de inquietudes entregadas a este columnista por diversas fuentes internas ha revelado un patrón de tensiones y decisiones controvertidas que ameritan, por parte de la entidad, una explicación pública seria. En el centro de estas preocupaciones aparece la figura de Nataly Córdoba Machado, contratista cuya actuación administrativa, más que despejar dudas, parece multiplicarlas. Lo que se describe es un funcionamiento…
En los últimos días ha llegado a mi conocimiento una denuncia proveniente del interior de la Subsecretaría de Educación que, por su contenido y por las implicaciones institucionales que sugiere, merece una reflexión pública. La figura central de estas acusaciones es la funcionaria Nataly Córdoba Machado, a quien se le atribuyen presuntas prácticas administrativas que, de comprobarse, vulnerarían principios básicos de transparencia, trato digno y equidad en la gestión pública. No se trata de emitir una sentencia, sino de subrayar que la educación, como sector estratégico, no puede permitirse zonas grises en su funcionamiento interno. La primera preocupación que emerge…