Caos total: La violencia gobierna a Colombia.

¡Alarmante situación en el país! ¡Basta ya de mirar hacia otro lado! El aumento de la violencia tiene un responsable: el gobierno de turno que, siendo permisivo con los grupos criminales, se ha convertido en cómplice de la violencia.

El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad mediante el uso de la fuerza pública. Pero en Colombia, las limitaciones políticas impuestas por el actual gobierno, dejan a los militares sin las herramientas necesarias para cumplir su misión constitucional.

La restricción de las operaciones militares ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Esto se ha evidenciado en videos grabados por los propios policías, a las bandas criminales de las FARC y el ELN que, de manera ilegal, ejercen control territorial en extensas zonas del país, como Policarpa – Nariño y Santa Rosa del Sur – Bolívar. En esas áreas, los criminales actúan con la complicidad del Estado, intimidando a sus habitantes mediante la exigencia de vacunas e «impuestos de guerra».

Como resultado de la falta de acción efectiva por parte del gobierno, los bandidos aprovechan para fortalecerse, incrementar sus actividades ilícitas y aumentar la producción de cocaína.

Parece que el presidente Gustavo Petro, al no reforzar las acciones militares contra quienes cometen actos criminales, pone en peligro a la población civil, dando la impresión de querer proteger a estos bandidos, con su obsesión mal sana de otorgar «segundas oportunidades» a delincuentes, corruptos y terroristas.

En la historia reciente de Colombia, las negociaciones entre el gobierno y las bandas criminales, son una realidad recurrente. Por eso, resulta indignante la falta de una posición clara y concreta sobre las condiciones que deben realizar los actores armados, sin olvidar sus obligaciones y compromisos en los acuerdos del cese bilateral de fuego.

La situación en Colombia se ha vuelto aún más crítica por los frecuentes enfrentamientos entre grupos criminales que luchan por el control territorial. Estos combates han convertido a las poblaciones más alejadas en campos de batalla y a los habitantes de estas regiones como las verdaderas víctimas de la errónea gestión del presidente Gustavo Petro y de un Ministro de Defensa que, debido a su falta de capacidad y conocimientos militares, se encuentra sin saber cómo mejorar el orden público del país.

Es urgente tomar medidas extremas para poner fin a la violencia y contener a aquellos que se oponen a los acuerdos. La paz no puede ser una palabra utilizada por líderes populistas a fin de ganar votos, sino una realidad concreta. Sin embargo, en las concesiones de la mesa de negociación, hasta la fecha solo se benefician criminales, mientras que la nación sigue sin ver mejoras significativas en su bienestar.

En conclusión:

La lucha contra los grupos armados es esencial para proteger a las comunidades vulnerables, pero sin medidas efectivas de control y monitoreo son los campesinos y civiles inocentes los que sufren las consecuencias. El Estado tiene la obligación de proveer las herramientas y recursos legales efectivos a nuestras fuerzas militares y policiales para garantizar la seguridad y protección de las comunidades afectadas.

Si el gobierno continúa apoyando a los violentos, Colombia seguirá sumida en un infierno de violencia y tráfico de drogas. Es hora de tomar medidas drásticas y contundentes para terminar con esta pesadilla, de lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde la violencia y el crimen son la norma, no la excepción.