No todo investigado es culpable,
pero en las redes ya fue condenado.
En Colombia, una imagen en Facebook o una frase en un video de Instagram puede destruir más rápido que una sentencia judicial. Las redes sociales no solo informan: acusan, condenan y ejecutan reputaciones. Y lo hacen al ritmo de los «likes», sin contexto ni verificación. Muchos comparten sin pensar, sin detenerse a leer más allá del titular. Este texto es para quienes aún se toman un segundo para cuestionar antes de juzgar.
Aquí, como dice el dicho, una investigación no se le niega a nadie. Pero eso no significa que toda persona investigada sea culpable. La diferencia entre un error administrativo y un acto de corrupción parece haberse borrado del mapa público. Ya nadie distingue entre el funcionario que se equivoca al firmar un documento técnico y aquel que roba de forma sistemática. Porque en los medios y redes, investigado ya es sinónimo de corrupto.
Y ojo, que no se trata de defender partidos: en la lista de condenados (o de los que es vox populi que lo son ) hay nombres del Polo Democrático, del Centro Democrático, del Pacto Histórico, de los Verdes, de los liberales, conservadores… Nadie se salva. La corrupción es transversal y descarada. La culpa no solo es del corrupto o corrupta. también lo es del voto ciego.
A veces, la corrupción no es esa figura lejana del noticiero. Es el familiar que ocupó un cargo, el vecino que firmó contratos con sobrecostos, el conocido que guarda silencio porque «eso siempre ha sido así». Como pasa con el narcotráfico, parece que no hay familia, barrio o red de conocidos que esté completamente a salvo. Y lo más grave: quienes antes fueron cómplices hoy se rasgan las vestiduras, fingen indignación, olvidando que en estos pueblitos/ciudad todo se sabe.
Porque el verdadero corrupto o corrupta no deja huella. Su expediente está limpio, sus firmas ajustadas a derecho, sus obras entregadas a tiempo. No le gustan los escándalos: prefiere obras pequeñas, medianas, contratos a dedo. Roba sin ruido, pero con técnica. No improvisa, calcula. No falla, factura. En síntesis cínica: ¡roba pero hace! ¿cierto?
En cambio, hay funcionarios que no son corruptos, pero cometen errores. Firman actas basados en lo que les entregan técnicos, interventores o supervisores. Actúan conforme a la ley, con los soportes correctos. Según el Consejo de Estado y la Ley 80, eso nunca los hace responsables penalmente, a menos que se pruebe que hubo dolo o negligencia grave. Pero nada de eso importa cuando lo que pesa es el juicio público, no el judicial, impulsado por influencers pagos y/o medios pautados (…)
Y no podemos olvidar a las «asustadurías»: esas entidades que deberían controlar, pero muchas veces se convierten en armas para la venganza política. Se usan para callar enemigos, neutralizar opositores, lanzar titulares que destruyen carreras. A veces no se investiga por justicia, sino por odios personales (mutuos incluso). Y así, en vez de transparencia, tenemos persecución.
Después vienen los silencios. Pasa el tiempo, se vencen términos, no aparecen pruebas. Pero el daño ya está hecho. La persona estuvo presa, fue señalada, humillada. Y cuando pasan los años y logra demostrar que pudo cometer errores administrativos, disciplinarios, pero NO robó, NO delinquió, lo que sigue es una demanda por detención injusta. ¿Quién paga? El Estado. Es decir, todos nosotros. Y tal vez con esa indemnización compre, ahora sí, una casa en Cerritos. El absurdo completo.
Pensar antes de opinar, informarse antes de compartir, dudar antes de condenar, también es una forma de luchar contra la corrupción. Contra la verdadera y las y los verdaderos. Porque callar o repetir sin cuestionar también nos hace cómplices. Si usted ha llegado hasta aquí, tal vez no sea parte del rebaño. Tal vez sea de los pocos que aún creen que la justicia necesita pruebas, no aplausos.
Y mientras tanto, en Pereira, seguimos esperando respuestas. ¿Qué pasó con los más de 91 mil millones contratados sin licitación en la actual administración que denuncia Steven Cardenas? ¿Y con los 2 mil millones en asfalto PRESUNTAMENTE pagados dos veces en la pasada administración en los que insiste Vigía Cívica? Las denuncias están hechas. El silencio es atronador. Y la historia se repite, desde 1986… o antes: Para verdades, el tiempo.
