El florecimiento de los acueductos comunitarios en Colombia durante la década de los 90 del siglo pasado, como un modelo de autogestión, permitió llevar agua a millones de hogares a los que no llegaba el Estado. Cobijaron población rural y de zonas periféricas a las ciudades, las que en los últimos tiempos han terminado absorbidas por la expansión urbana. Se estima, mal contados, hay 12 mil acueductos comunitarios, aunque falta censar a miles constituidos en zonas más apartadas.
El proceso de autogestión incluye la administración y labores relacionadas con la captación, conducción del agua y cuidado ambiental, pero en la práctica terminan cargando más responsabilidades abandonadas por el Estado, como enfrentar las amenazas de los cambios en los usos del suelo, la variabilidad climática y la contaminación; también la protección de zonas que hacen parte del ecosistema de los afluentes, entre otras.
A pesar de la trascendental labor de llevar agua a millones de hogares, el Estado no cumple lo delegado en la ley 142 de 1994 que de por sí es limitada, igual sucede con un abanico de normas medioambientales. Terminaron inclinados hacia el rol sancionatorio más que al de concurrir en favor de los acueductos. Conocidas son las exigencias asimétricas en materia tributaria, con la DIAN como punta de lanza, y también las de tipo ambiental. Todas contrastan con la escasa o nula inversión municipal y demás niveles responsables de contribuir en favor de este servicio, reconocido por el valor social, ambiental y cultural entre las comunidades más vulnerables.
A nivel regional hay problemas crecientes. A pesar que los mismos acueductos comunitarios claman por atención, las respuestas son mínimas. Es el caso del acueducto regional de Bonafont, que provee agua a más de mil hogares campesinos e indígenas entre Riosucio Caldas y Quinchía Risaralda — siendo uno de los ejemplares en el Eje Cafetero — sumaron varios años pidiendo una evaluación de tipo ambiental, y aunque tuvo lugar el año pasado, siguen sin ejecutarse las obras demandadas. El municipio de Riosucio ni ha podido encontrar los planos para poder intervenir en la infraestructura vieja y frágil trazada sobre terrenos escarpados; agréguese, las proyecciones en miles de millones parecen infladas, tal vez con un rubro menor puedan empezar pronto. Faltan tanques de floculación, hecho grave porque como advierten desde el acueducto, el índice IRCA es superior a 98 %, “inviable”, están tomando agua no apta para el consumo humano mientras los entes encargados duermen sobre los laureles.
En cuanto a Pereira y Dosquebradas, es público el increíble caso de la vereda el Chocho en la que el agua llega evidentemente sucia, pero la alcaldía se aferra a un análisis que considera lo contrario, ¿tomarán de esa agua? Salta también el problema del acueducto de Frailes y Barrios Unidos, hay denuncias por “aguas mal tratadas, con residuos y hasta pelos”. Urge entonces la intervención del Instituto Nacional de Salud INS, por lo demás, bien hacen las comunidades en considerar la movilización social.
