Un informe técnico reciente sobre la Institución Educativa Ciudad Boquía, entregado el 18 de julio de 2025, expone un panorama que compromete directamente a la Secretaría de Educación de Pereira. De acuerdo con el documento, la institución no cuenta con un Proyecto Educativo Institucional —obligatorio por ley— y varios de sus órganos de gobierno escolar operan de manera parcial o totalmente inactiva. La ausencia de PEI, de manual de convivencia actualizado y de un sistema de evaluación vigente no es solo un síntoma interno: revela fallas graves de supervisión y acompañamiento por parte de la autoridad educativa municipal.
El informe también señala que el Gobierno Escolar funciona solo de forma nominal. Aunque existe una elección democrática, los órganos no operan como espacios reales de participación, lo cual incumple directamente la Ley 115 y el Decreto 1860. El Comité de Convivencia, en lugar de funcionar como instancia colegiada, depende casi exclusivamente de iniciativas aisladas, un punto crítico si se tiene en cuenta la obligatoriedad establecida por la Ley 1620. La supervisión advierte que este vacío debilita la democracia escolar, la convivencia y la transparencia institucional, materias que la Secretaría debería monitorear y fortalecer de manera rutinaria.
Tal vez el hallazgo más preocupante es la desactualización del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Estudiantil (SIEE), que lleva siete años sin revisión, sumado a un Comité de Evaluación que prácticamente no opera. Este incumplimiento normativo no solo afecta la calidad educativa: repercute en decisiones tan sensibles como la promoción anticipada de estudiantes, un proceso que, según el informe, se realizó de manera irregular, sin cumplir el debido proceso ni los actos administrativos obligatorios establecidos por el Decreto 1290 y el Decreto 1075. Los vacíos procedimentales en promociones estudiantiles deberían activar alertas inmediatas en la Secretaría, pero al parecer no ha ocurrido.
Aunque la supervisión recomienda reestructuración, asesoría legal, fortalecimiento de comités y acompañamiento institucional, persiste una pregunta de fondo: ¿cómo llegó una institución pública de Pereira a acumular tantos incumplimientos esenciales sin que la Secretaría de Educación interviniera oportunamente? El informe técnico existe, las falencias están descritas con precisión y la norma es clara. Falta ver si la autoridad educativa asumirá su responsabilidad o si este caso será un nuevo ejemplo de diagnósticos que se archivan sin que nada cambie.
