Han de saber los usuarios que hoy con razón reclaman, los sistemas de alumbrado público que con esfuerzo habían edificado los municipios, fueron desmontados 20 años atrás mediante un programa que se llamó “la redefinición empresarial”, requisito del Banco Interamericano de Desarrollo BID para otorgar un crédito a la ciudad de Pereira en 1995. Así inició la privatización de los alumbrados públicos que tenían como propósito prestar el servicio a bajo costo y proyectar una red pública al servicio de los municipios; pero trasladado a manos privadas, se convirtió en un jugoso negocio sobre los hombros de los usuarios, atentando contra la economía de los hogares, las empresas y los municipios.
Primero fue Pereira, entregó el alumbrado a ENELAR, y a ese costal terminarían arrastrando a municipios como Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y La Virginia. Todo en su momento, con el aval de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores. Las consecuencias son conocidas: tarifas cada día más costosas y un mal servicio de alumbrado, con atrasos en cuanto a modernización, obras de expansión y repotenciación, dejadas de hacer por parte de los concesionarios privados.
En Pereira, en la que hubo quien encarara este adefesio, el contrato de concesión fue demandado por el Ministerio Público ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que decretó la nulidad “por cuanto en su aprobación se omitieron los términos de ley”. Sentencia que confirmó el Consejo de Estado en el año 2006. Pero el concesionario, que cobraba por el doble de luminarias existentes, continuó operando con ajustes durante ese periodo, un acto considerado de “inmoralidad administrativa”. Entre estas y otras picarescas, veinte años después de iniciadas, las concesiones llegarían a su fin.
Ahora bien, a los políticos les resultó muy fácil privatizarlo, pero les ha quedado grande operarlo como público, ¡mañosos! ¿No se les ocurrió ni revisar el estado en que les fue devuelto el alumbrado? Lo que sí se las ha ocurrido, es montar nuevos negocios con este servicio, lo que va desde sobrecostos de las bombillas LED, promocionadas sobre el carreto ecológico, hasta extender el cobro y valor a un mayor número de usuarios denominados ahora sujetos, para cobrarles por una vía o por otra, en este caso de predios rurales y barrios en lo que lo único que alumbran son los ojos de los asaltantes y las farolas de las camionetas de las campañas. Desde ya montan saqueos a través de empresas mixtas o créditos bajo la modalidad del leasing. Y de ñapa viene el predial y la actualización catastral.
Cierto también es que, se podría buscar el equilibrio de las empresas de servicios públicos por la vía de la eficiencia en infraestructura y red, medida que no cargaría mayores costos a los usuarios. Pero para lograrlo, hoy, depende de cuanta capacidad de movilización puedan tener los ciudadanos, y que entre sus exigencias incluyan que los usuarios tengan participación real en estas instancias para recuperar los sistemas de alumbrado público municipal.
