Tras la publicación de mi columna de la semana pasada sobre las irregularidades en la Secretaría de Educación de Pereira, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas llegaron cargadas de ataques personales que buscan desacreditar al mensajero antes que atender el mensaje; un mecanismo reflejo que, lejos de refutar los hechos, confirma la incomodidad que genera exponer fallas institucionales persistentes. Pero también recibí el respaldo de docentes, padres de familia y ciudadanos que comprenden la urgencia de revisar, con lupa, el estado real de la educación pública en Pereira.
Afortunadamente, más allá de los intentos por distraer el debate, también se dieron conversaciones constructivas. Entre ellas, un diálogo directo con el rector del Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez, quien ofreció una aclaración importante: esa institución no cuenta con Jornada Única en primaria, solo en bachillerato. Esta precisión muestra que el debate público puede avanzar cuando existe voluntad de aportar información y no de ocultarla. En ese mismo espíritu, esta semana se radicará un derecho de petición ante la Secretaría de Educación para conocer la asignación de horas extras por institución, un insumo indispensable para profundizar en la investigación abierta.
Es en ese marco de responsabilidad que presento hoy una nueva alerta: la grave situación institucional evidenciada en la reciente visita de inspección y vigilancia a la Institución Educativa Ciudad Boquía. El informe técnico derivado de dicha visita describe un conjunto de fallas estructurales que comprometen el funcionamiento de la escuela y que, por extensión, evidencian una preocupante falta de control por parte de la Secretaría de Educación Municipal. Lo expuesto es una muestra más de los problemas que se han acumulado bajo la gestión del Subsecretario de Educación, Celso Omar Parra, cuya obligación institucional es supervisar, acompañar y garantizar el cumplimiento de las normas.
La primera alerta es categórica: en la Institución Educativa Ciudad Boquía no existe un Proyecto Educativo Institucional (PEI) vigente, socializado u operativo. Sin PEI, una escuela queda sin norte, sin estructura, sin guía pedagógica. La Ley General de Educación y el Decreto 1075 de 2015 son explícitos al exigir este documento como fundamento de toda acción educativa. Su ausencia, o su inexistencia práctica, no puede explicarse como simple descuido. Es un signo de supervisión fallida y de una institucionalidad que no cumple con sus obligaciones mínimas.
El deterioro institucional continúa en el ámbito del Gobierno Escolar. Aunque sus órganos fueron formalmente instalados, su actividad real es nula o marginal. Sin un Consejo Directivo en funcionamiento, sin un Consejo Académico dinámico y sin instancias deliberativas activas, se anula la participación democrática prevista en la Ley 115 de 1994. Una escuela sin Gobierno Escolar operativo es una escuela sin control interno, sin mecanismos de decisión colegiada y sin garantías de transparencia.
La situación es igualmente crítica en materia de convivencia. El Comité de Convivencia Escolar, obligatorio por la Ley 1620 de 2013, funciona de manera fragmentada y sin articulación con el resto del Gobierno Escolar. Al actuar como un ente reactivo y no como un órgano preventivo, se limita su capacidad para promover ambientes seguros, gestionar conflictos y desplegar estrategias formativas. Es decir, se deja la convivencia escolar librada a la improvisación.
El panorama se agrava al constatar que el Manual de Convivencia está desactualizado y no es consultado, mientras que el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Estudiantil (SIEE) lleva siete años sin revisión. Estos instrumentos son esenciales para asegurar criterios claros y equitativos de evaluación, convivencia y vida escolar. Sin ellos, la institución opera sin reglas de juego definidas, en un terreno donde la arbitrariedad sustituye al rigor normativo.
El punto más delicado aparece en el proceso de promoción anticipada de estudiantes. El informe técnico señala procedimientos incompletos, ausencia de actos administrativos indispensables y un tratamiento del debido proceso que no se ajusta a lo establecido en los decretos vigentes. Cuando las solicitudes avanzan a través de pasos irregulares o deficientes, el riesgo no es solo administrativo: es pedagógico, ético y legal.
Lo anterior me permite concluir: la Secretaría de Educación Municipal no está cumpliendo con su deber de inspección, vigilancia y acompañamiento. Lo ocurrido en la Institución Educativa Ciudad Boquía revela una estructura debilitada, sin controles efectivos y sin dirección técnica sólida. Y en este contexto, la responsabilidad administrativa y política del Subsecretario Celso Omar Parra debe ser materia de revisión seria. El silencio, la inacción o la desatención no pueden seguir siendo la respuesta institucional.
Una ciudad no puede aspirar a una educación pública de calidad cuando sus instituciones carecen de los instrumentos básicos que la ley exige. Lo que para algunos puede parecer un simple informe técnico es, en realidad, el retrato de una escuela que funciona a medias y de una Secretaría que no funciona del todo. Pereira necesita gestión, legalidad y vigilancia real.
Nota: El informe técnico citado tiene fecha del 18 de julio de 2025. Desde entonces, la Secretaría de Educación Municipal ha brillado por su desatención: a la fecha, no existen informes oficiales que den cuenta de avances significativos o cambios sustanciales dentro de la Institución Educativa Ciudad Boquía.
