Cuando la lealtad política
vale más que la salud de los maestros.
Lo que hoy vive el Magisterio colombiano en materia de salud es una tragedia anunciada. No se trata de un accidente ni de una simple transición administrativa: es el resultado directo de una reforma improvisada, sustentada más en dogmas ideológicos que en realidades técnicas. Con la expedición de un decreto en 2024, el gobierno nacional estableció un tarifario que, bajo la bandera de la “eficiencia del gasto público”, se convirtió en un arma letal para ahuyentar a los mejores prestadores. El caso de Risaralda es un espejo: Comfamiliar y la Clínica Los Nevados, que hasta hace unas semanas garantizaban atención digna, decidieron dar un paso al costado.
La lógica es tan simple como devastadora. Una apendicectomía que en el mercado cuesta entre 12 y 13 millones de pesos, el FOMAG pretende pagarla a 8 millones. Ningún operador serio aceptará trabajar en esas condiciones. Lo sabe cualquier administrador hospitalario, pero parece no entenderlo; o no querer entenderlo, la Fiduprevisora, encargada de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y, sin embargo, ahí está la firma del presidente y de su ministro, empujando un esquema tarifario que condena a los docentes a ser atendidos por prestadores improvisados.
Lo más repugnante no es solo la torpeza de la medida, sino el silencio cómplice de FECODE. El sindicato que se vanagloria de “defender los derechos de los maestros” se ha convertido en un muro de contención política para el gobierno. Saben que la responsabilidad es del Ejecutivo, pero prefieren desviar la indignación hacia la Fiduprevisora, como si las cabezas de esa entidad no fueran nombradas por el mismo gobierno que ellos ayudaron a elegir. En términos políticos, esto se llama encubrimiento.
La filial SER, en Risaralda, no ha hecho más que replicar la línea nacional: protestas controladas, comunicados tibios y cero confrontación directa con el presidente. Es la misma estructura sindical que durante años denunció las fallas del sistema anterior, pero que hoy, frente a un colapso inminente, guarda un silencio selectivo. ¿La razón? El cálculo político: no dar munición a la oposición, aunque eso signifique traicionar a sus propios afiliados.
Y mientras los líderes sindicales cuidan la imagen del gobierno, los maestros enfrentan la cruda realidad: prestadores sin trayectoria, centros médicos adaptados en casas, falta de especialistas y demoras que, en algunos casos, ponen en riesgo la vida. El nuevo esquema, respaldado por el decretazo y complementado por las resoluciones tarifarias del Ministerio de Salud, ha destruido en pocos meses la red que tardó décadas en construirse. Lo que queda es un sistema de salud del Magisterio desangrado, ineficiente y precarizado.
No es la primera vez que el gobierno utiliza a FECODE como escudo. Durante la discusión de la reforma a la salud, el sindicato evitó cualquier pronunciamiento que incomodara a la Casa de Nariño. Ahora, cuando el desastre golpea directamente a sus afiliados, repite la fórmula. Esta subordinación política no es gratuita: Petro sabe que FECODE es una maquinaria electoral, y FECODE sabe que su cercanía al poder les garantiza influencia y contratos, aunque eso implique sacrificar la salud de sus propios miembros.
Lo que estamos presenciando es una traición con nombre propio. La dirigencia de FECODE y su filial SER en Risaralda han decidido proteger a un gobierno que los está dejando sin salud. Han escogido la lealtad partidista sobre el bienestar de sus afiliados. Han cambiado el derecho fundamental a la salud por la disciplina ideológica. Y lo más grave: lo hacen con plena conciencia de las consecuencias.
El Magisterio, que durante años se movilizó contra los abusos de gobiernos anteriores, hoy se ve reducido a un rebaño político que marcha contra fantasmas, pero jamás contra su pastor. Cuando la ideología se antepone a la dignidad, la enfermedad no es solo del cuerpo: es del alma colectiva. Y esa, lamentablemente, no tiene cura con el tarifario de Petro.
