En un país donde la corrupción se ha vuelto paisaje, la aparición de una firma fantasma en el centro de un contrato jurídico internacional debería encender todas las alarmas institucionales. Sin embargo, el escándalo desatado por la presunta contratación irregular de la empresa Astrea en el litigio entre el Estado colombiano y la multinacional minera Continental Gold ha sido recibido con la misma indiferencia burocrática con la que se administran las ruinas de la república, el mismo “importaculismo” de siempre, inclusive antes del supuesto gobierno del CAMBIO. El caso, destapado por el exsenador Jorge Enrique Robledo, es una radiografía del colapso moral de la tecnocracia que se ufana de su transparencia mientras legisla en la sombra para legalizar la podredumbre.

Una reseña de los hechos: cuando el Estado mira hacia otro lado

Según lo expuesto por Robledo en entrevista con Julio Sánchez Cristo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) habría favorecido a la firma norteamericana Hubward & Reed (H&R) en el proceso de selección para representar a Colombia en un litigio internacional por más de 430 millones de dólares. Hasta allí, todo parecería dentro de lo normal. No obstante, el detonante del escándalo fue la exigencia de la Agencia para que las firmas extranjeras se asociaran estratégicamente con una firma local, condición que abrió la puerta a una operación tan oscura como torpe: la inclusión de Astrea Abogados Asociados, una empresa registrada en Cúcuta, sin experiencia comprobada, sin página web activa y, peor aún, sin abogados especializados en el área minera o en arbitraje internacional.

La existencia de un documento —publicado por El Espectador— en el que H&R señala a Astrea como su “punto de contacto” en Colombia confirmó las sospechas. Pese a los esfuerzos del director técnico de la ANDJE, Yebrail Haddad, por minimizar el asunto, el daño ya estaba hecho. En sus propias palabras, la Agencia nunca pensó contratar a Astrea. Pero entonces, ¿por qué se incentivó la formación de alianzas con firmas locales sin controles suficientes? ¿Por qué se introdujo este criterio en la evaluación técnica si, según Haddad, no aportaba puntaje real? ¿A quién beneficia realmente este margen de ambigüedad?

El verdadero rostro del «progresismo institucional»

Más allá del debate técnico, este caso revela una tendencia preocupante: la instrumentalización de las reformas institucionales con fines ajenos al interés público. La modificación de las reglas internas en la ANDJE para favorecer asociaciones con firmas nacionales, en apariencia inocente, termina siendo un vehículo ideal para la intermediación clientelista. Al eliminar controles sustantivos y permitir que cualquier firma —sin trayectoria, sin personal cualificado, sin respaldo reputacional— pueda colarse en la defensa jurídica del Estado, se crea un entorno perfecto para la captura burocrática.

Se dirá que se trata de un “error administrativo” o de una “mala interpretación”, como ya es costumbre en el manual de excusas del gobierno de turno. Pero la reiteración de estas anomalías no es casual. Forma parte de un diseño estructural: el debilitamiento de las instituciones mediante reformas blandas que, lejos de corregir ineficiencias, facilitan la colonización de lo público por intereses particulares. El resultado es una mezcla tóxica de opacidad, impunidad y mediocridad disfrazada de tecnocracia.

En este contexto, el caso Astrea no es una anécdota. Es un síntoma. Un Estado que externaliza su defensa jurídica en litigios internacionales debería, como mínimo, blindar el proceso de selección bajo criterios estrictos de idoneidad y experiencia. Pero cuando la prioridad no es la defensa del interés nacional, sino la distribución estratégica de contratos entre firmas de papel, lo que está en juego no es un contrato, sino la credibilidad misma del aparato estatal.

El riesgo es doble: por un lado, la posible pérdida del litigio, con un costo multimillonario para las arcas públicas; por el otro, la deslegitimación de los mecanismos institucionales ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Quién confiará en la seriedad de un país cuya defensa jurídica puede estar cooptada por empresas inexistentes? ¿Qué credibilidad tiene un gobierno que permite que firmas fantasmas representen al Estado en escenarios globales?

La complicidad silenciosa del poder

Lo más preocupante de este caso es el silencio del Ejecutivo, o más bien, el importaculismo. Pese a la gravedad de las denuncias y al hecho de que la fiscalía ya ha sido notificada por Robledo, no ha habido una sola declaración contundente por parte del presidente o del ministro de Justicia. El mensaje es claro: la corrupción importa menos que el relato. Mientras el discurso oficial se llena la boca con palabras como “cambio”, “transparencia” y “empoderamiento ciudadano”, en la práctica se diseñan trampas legales para beneficiar a los mismos de siempre.

La defensa torpe e improvisada de los directivos de la ANDJE solo profundiza la sospecha. El intento de desviar la atención acusando de politización a quienes denuncian los hechos no hace más que confirmar el patrón: se criminaliza la crítica y se protege al aparato.

Cinco verdades incómodas

1. La participación de una firma fantasma en un proceso jurídico internacional representa una amenaza directa a la credibilidad del Estado colombiano.
2. El cambio normativo dentro de la Agencia Jurídica del Estado facilita la corrupción estructural, al permitir asociaciones sin controles mínimos. Historia que Petro prometió cambiar.
3. El uso de “alianzas estratégicas” como criterio de evaluación encubre mecanismos de intermediación política y favorece a operadores sin méritos.
4. La ausencia de respuestas claras por parte del Ejecutivo refuerza la percepción de que la corrupción no es una desviación del sistema, sino parte inherente de su diseño.
5. Colombia no enfrenta una crisis coyuntural, sino una decadencia institucional progresiva donde el interés nacional es subordinado al interés de las redes clientelares.