Una bomba de tiempo en la Secretaría de Educación de Pereira ha comenzado a estallar. La ciudadanía; y en especial la comunidad educativa, se pregunta quién responde por el descontrol administrativo que ha permitido que tres instituciones educativas públicas operen al margen de la ley, consumiendo recursos públicos como si fuesen pozos sin fondo. A pocas semanas del cierre del año escolar, el silencio institucional ya no es una estrategia prudente, sino un síntoma de negligencia estructural.
La noticia; que circula de manera cada vez más insistente entre docentes, padres y funcionarios preocupados, apunta directamente al señor Celso Omar Parra, Subsecretario de Educación de Pereira. Bajo su dirección, y con la aparente influencia de una figura que se mueve tras bambalinas, María Irma Noreña, se han mantenido jornadas escolares extendidas, gastos desbordados en horas extra y un desprecio sistemático por la nueva normativa nacional que regula la educación básica en Colombia.
Los colegios INEM Felipe Pérez, Alfonso Jaramillo y la Escuela Normal Superior son el epicentro de este escándalo, con jornadas que inician desde las 6:30 a.m. y se extienden hasta más allá de las 2:30 p.m., superando ampliamente los límites establecidos por el Decreto 277 de 2025, que fijó la jornada semanal en 25 horas efectivas para básica primaria. En otras palabras, los estudiantes están sometidos a una jornada ilegalmente extendida, mientras que los docentes deben cubrir esas horas adicionales, en muchos casos sin remuneración autorizada, generando una doble injusticia: sobrecarga sin paga y uso arbitrario de recursos públicos.
Una operación que bordea la ilegalidad
El meollo del asunto no es únicamente pedagógico. Es político, financiero y ético. La Norma vigente establece con claridad que ya no hay justificación para las horas extras en estas instituciones, pues el nuevo marco normativo redefine la jornada única y reduce su intensidad. Sin embargo, Parra ha hecho caso omiso. Las escuelas continúan operando como si aún estuviera en vigor el Decreto 2105 de 2017, que permitía jornadas más extensas, ahora derogado.
Más grave aún: en 2024 se radicó una denuncia formal ante la Contraloría por los excesos de horas extras en el INEM, pero la respuesta institucional resultó insuficiente y, según los documentos filtrados, ignoró flagrantemente el nuevo marco normativo. El análisis de impacto revela que los colegios siguen planificando y ejecutando jornadas de hasta 40 horas semanales, muy por encima de lo legalmente permitido. Es una violación sistemática y sostenida, con recursos públicos como combustible.
¿Quién manda realmente en la Subsecretaría?
Los rumores que circulan con fuerza dentro de la Secretaría de Educación de Pereira señalan que Celso Omar Parra no es quien toma realmente las decisiones. El verdadero poder estaría en manos de María Irma Noreña, conocida por su cercanía con algunos directivos escolares, entre ellos, la rectora del INEM. Esto explicaría la resistencia de la SEM a ajustar las jornadas, a pesar de las solicitudes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que ha hecho llamados expresos para que se respete la nueva regulación.
¿Se trata de incompetencia técnica, de presión política o de cálculo burocrático para beneficiar a aliados? Las preguntas se acumulan. La más inquietante de todas: ¿quién protege a Celso Omar Parra para que pueda ignorar impunemente los lineamientos del MEN sin consecuencias?
Paradojas del abuso
El colmo del cinismo administrativo se evidencia en la forma como se gestionan las horas extra: se autorizan de facto, se ejecutan en las instituciones, pero luego no se pagan porque; según alega la Secretaría de Educación, se sobrepasa el cupo autorizado. ¿Entonces? ¿Las autoriza el rector, pero las desconoce la Secretaría? ¿Las registran para justificar jornadas ilegales, pero no las reconocen para pagarlas? Esta lógica esquizofrénica no solo perjudica a los docentes, sino que configura una forma encubierta de fraude presupuestal, donde se juega con la necesidad de los maestros y con la opacidad del gasto público.
El caso no es menor. Cada hora extra no autorizada pero ejecutada representa un gasto sin soporte legal. Y si la ejecución de esas horas no se traduce en pagos efectivos, entonces estamos ante una violación laboral grave. Si sí se paga; y se oculta, el escándalo adquiere dimensiones penales.
Cinco conclusiones que deberían encender las alarmas:
- La Secretaría de Educación de Pereira actúa por fuera del marco legal, manteniendo estructuras horarias derogadas y prácticas que comprometen la integridad del gasto público.
- Celso Omar Parra ha perdido el control de su cargo, o lo ha delegado a intereses no institucionales. En ambos casos, su permanencia es insostenible.
- El Ministerio de Educación Nacional guarda un silencio cómplice, o bien por negligencia, o bien por afinidades políticas que impiden ejercer control real sobre las entidades territoriales.
- La Contraloría ha fallado en su deber de fiscalización, al responder con ambigüedades una denuncia que evidencia violaciones flagrantes al Decreto 277 de 2025.
- Las víctimas invisibles son los docentes y los estudiantes, atrapados en un sistema donde se planifica desde la desinformación y se gestiona desde el desgobierno.
Para reflexionar
En Pereira, el modelo educativo parece estar en manos de funcionarios que juegan a ser tecnócratas, pero actúan como operadores políticos. Mientras el discurso oficial habla de calidad, transparencia y eficiencia, la práctica cotidiana muestra improvisación, encubrimiento y desdén por la norma.
En un país donde la educación pública es una de las pocas herramientas de movilidad social, no podemos permitir que los recursos destinados a las escuelas terminen siendo devorados por estructuras paralelas de poder. Celso Omar Parra no necesita más tiempo para corregir; necesita ser investigado. Y si el Ministerio de Educación o la Contraloría siguen de brazos cruzados, entonces es la sociedad civil; padres, docentes, periodistas, la que debe ejercer presión.
La educación no se defiende con discursos vacíos. Se defiende con gestión, legalidad y transparencia. Ninguna de las tres está presente hoy en la Secretaría de Educación de Pereira.
