La salud como excusa,
el bolsillo como objetivo.

Traicionando al pueblo, el gobierno de Gustavo Petro ha demostrado que la coherencia política es un lujo que no está dispuesto a pagar. Durante años, su discurso se erigió como defensor de las familias trabajadoras, criticando con dureza cualquier intento de gravar alimentos esenciales en gobiernos anteriores. Sin embargo, hoy, en un acto de hipocresía, este mismo gobierno implementa «impuestos saludables» que castigan el bolsillo de los colombianos más vulnerables.

Bajo una fachada de preocupación por la salud pública, estas medidas gravan productos de la canasta familiar, como yogures, embutidos y cereales, aquellos mismos alimentos que llenan las loncheras de los niños y las mesas de las familias humildes. Lo que antes denunciaron como un atentado contra el pueblo, ahora lo justifican con términos tecnocráticos y vacíos, demostrando que sus promesas de justicia social eran poco más que palabras vacías. Este no es un gobierno para la gente, es un gobierno que sacrifica a su pueblo en el altar de la recaudación fiscal, mientras abandona los principios que prometió defender.

La lista de productos gravados contradice el discurso del gobierno

La lista de productos gravados bajo los llamados «impuestos saludables» no solo atenta contra el bolsillo de los colombianos, sino que evidencia la hipocresía del gobierno actual. Entre los bienes afectados se encuentran bebidas azucaradas, yogures con azúcar añadida, embutidos, cereales, galletas y helados, productos básicos en la dieta cotidiana de millones de familias. Lo que antes llamaron un “atentado al pueblo”, hoy lo justifican como una política de salud pública, ignorando que para muchos estos alimentos no son un lujo, sino una necesidad.

La contradicción es evidente. Este mismo gobierno, durante el mandato de Juan Manuel Santos, rechazó vehementemente la propuesta de gravar bebidas azucaradas, calificándola como perjudicial para los sectores más vulnerables. Y durante el gobierno de Duque, hundió la reforma del exministro Carrasquilla, porque gravaba algunos productos de la canasta familiar. Ahora, desde el poder, aplican las mismas medidas con el pretexto de promover hábitos saludables, mientras agravan la carga económica sobre quienes menos tienen. En lugar de proteger a las familias, las golpean con un impuesto que encarece la mesa y traiciona las promesas de justicia social.

La etiqueta de “impuestos saludables” es engañosa

La etiqueta de “impuestos saludables” con la que el gobierno justifica estas medidas no es más que un subterfugio para intervenir en los alimentos esenciales que consumen los colombianos. Según el DANE, productos como los yogures azucarados, los embutidos y las conservas de carne forman parte de la canasta familiar porque son esenciales en la dieta de miles de hogares. Estos alimentos no son lujos, son soluciones accesibles para familias de bajos ingresos que no pueden permitirse opciones más caras.

El impacto de este impuesto es profundamente regresivo: afecta más a quienes menos tienen. Penalizar económicamente a las familias por consumir productos asequibles como cereales y galletas —parte indispensable de la alimentación infantil— es ignorar la realidad económica del país. El discurso de que estas medidas buscan mejorar la salud pública se cae frente a la verdad: no son políticas de bienestar, son un ataque a la libertad de elección de los ciudadanos. ¿Qué derecho tiene el gobierno a decidir qué puede permitirse comer una familia? Esta intromisión es una traición a la autonomía de los hogares colombianos y una prueba más de que la justicia social que predican es solo una fachada.

El impacto económico: un golpe al bolsillo familiar

El impacto económico de los llamados «impuestos saludables» es devastador para los hogares colombianos, especialmente para aquellos que dependen de productos básicos de la canasta familiar reconocida por el DANE. Con el aumento al 20% a partir de 2025, alimentos esenciales como yogures con azúcar, embutidos y cereales —bienes indispensables en muchas mesas— serán prácticamente inalcanzables para los sectores de menores ingresos.

Para ilustrar, un mercado semanal que incluye yogures ($10,000), embutidos ($15,000) y cereales ($20,000) verá un incremento inmediato de $9,000, acumulando más de $36,000 al mes. En una economía donde el salario mínimo apenas cubre las necesidades básicas, este aumento significa una carga insoportable para las familias más vulnerables, quienes ya enfrentan barreras para acceder a alimentos frescos y nutritivos.

Las consecuencias son claras: el encarecimiento generalizado profundizará la desigualdad alimentaria, excluyendo a millones de colombianos de productos básicos. Mientras tanto, el gobierno, en su afán recaudador, parece olvidar que la sostenibilidad económica de los hogares debería ser una prioridad, no un daño colateral de políticas disfrazadas de progreso social.

¿Y entonces?

El gobierno de Gustavo Petro, que prometió ser el abanderado de la justicia social, ha gravado productos esenciales de la canasta familiar, disfrazando esta traición bajo el término «impuestos saludables». Con esta etiqueta engañosa, intentan ocultar que a partir del 1 de enero los colombianos pagarán 20% más por productos básicos como:

• bebidas azucaradas (gaseosas, refrescos, aguas saborizadas, néctares y bebidas deportivas)

Otros alimentos indispensables en la dieta diaria:

• Lácteos azucarados (como el dulce de leche y yogures con azúcar añadida)
• Embutidos y derivados cárnicos (chorizos, salchichas y similares)
• Conservas de carne
• Artículos de confitería sin cacao
• Chocolates
• Mezclas y pastas para panadería y galletas
• Cereales azucarados
• Galletas dulces
• Papas fritas y snacks salados
• Frutas procesadas con azúcar
• Helados y postres congelados.

Este paquete de productos, lejos de ser lujos, es parte esencial de la alimentación de miles de familias.

En lugar de admitir la carga fiscal que imponen a las mesas de los colombianos, este gobierno utiliza términos técnicos para encubrir su traición al pueblo que lo eligió. La promesa de no tocar la canasta familiar quedó reducida a cenizas, mientras imponen impuestos que afectan desproporcionadamente a quienes menos tienen. La supuesta búsqueda de un país más saludable es, en realidad, un pretexto para recaudar a costa de los más pobres, ignorando las realidades económicas de las familias trabajadoras. Este es el engaño que socava la confianza de quienes alguna vez creyeron en la promesa de un gobierno para el pueblo.

Fuentes:

Ley 2277 de 2022
Canasta familiar