La noticia sobre la ponencia del Consejo de Estado en atención a una acción de nulidad contra la
elección de siete magistrados de la Corte Suprema, pasó de desapercibida a desenfocada, luego
que el reconocido periodista Daniel Coronell la reportara en su espacio radial de La W, “Reporte
Coronell”. Tras varias hipótesis, el periodista concluyó que de declararse favorable la nulidad
electoral, “el único ganador sería el agonizante gobierno de Iván Duque”.
Pues bien, el “grupo de abogados” que presentó la acción de nulidad, y que no fue consultado por
Coronell, lo configuraron varios estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Javeriana
de Cali y su profesor Carlos Andrés Echeverry. Luego, a quienes conocemos al profesor, nos resulta
fácil percibir el desinterés por darle oxígeno a Duque o cualquier otro gobierno de turno con una
de estas acciones jurídicas y de origen académico.
De hecho, es un incumplimiento del reglamento de la Corte Suprema de Justicia, el que soporta la
acción de nulidad. La Corte no cumplió el requisito de su reglamento que determina reunir las
mayorías establecidas para la elección de los siete magistrados. Y lo deberá resolver el Consejo de
Estado.
Entre otras cosas, media en términos de la doctrina del derecho, como nos compartió el profesor
Echeverry, el principio de la intangibilidad del reglamento que, en este caso, debe ser cumplido y
solo puede ser modificado por la misma Corte como lo establece la ley, y no lo hizo. ¿Cómo
sostener, que siendo una atribución de la Corte Suprema darse su propio reglamento (Art 235
C.P.), no hayan optado por modificarlo para votar con un número menor de magistrados?
Además, el precedente citado por el periodista para comparar la presente situación con la elección
de los entonces magistrados de la Corte tras la repudiable toma del palacio de justicia, es una tesis
errada; según expone el docente, “no fue el presidente Betancur quien nombró a los nuevos
magistrados como sostiene Coronell, fue la propia Corte Suprema de Justicia el órgano que eligió a
sus integrantes bajo el sistema de cooptación, respaldada, eso sí, por una modificación temporal
de las mayorías exigidas por su reglamento”. Válido recordar, los magistrados son elegidos por la
misma Corte, de una lista suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura.
Por ende, vendría bien una precisión periodística. El hecho cierto es que el Consejo de Estado
estudiará la ponencia para la demanda de un diligente profesor de derecho y sus estudiantes. No
es un asunto de menor calibre que la Corte Suprema de Justicia deba cumplir plenamente las
normas. Por lo demás, en caso de favorabilidad, es probable que la elección tenga que definirse
durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro.
