Durante mi tiempo nombrado en el sector educativo, presencié prácticas que me llevaron a distanciarme de esta falsa Federación, cuyas acciones corruptas e hipócritas no representan en absoluto la integridad del magisterio colombiano. FECODE, bajo el manto de defensor de la educación, parece haber olvidado su misión primordial: velar por los intereses de los maestros, no por los de una agenda política partidista y amañada.
La presunta entrega de un cheque de $500 millones a la campaña de Petro, sin que estos fondos aparecieran en los registros contables, es una clara muestra de cómo FECODE se ha sumergido en un pantano de corrupción y manipulación. Y lo que es peor, estos recursos provenían del sudor y esfuerzo de los educadores colombianos, quienes confiaron en una federación que supuestamente defendía sus derechos. En otras palabras, criticaron a gobiernos anteriores por desviar recursos y ellos sin sonrojarse, hacen lo mismo con el dinero de los profesores.
Este lamentable caso recuerda el caso del SER (Sindicato de Educadores de Risaralda), una filial de FECODE, que en el pasado desvió millones de pesos en Pereira en maniobras financieras cuestionables. ¿Acaso esto no es una muestra clara de cómo se ha venido haciendo fiesta con los recursos que deberían ir destinados a la mejora de la educación y el bienestar de los docentes?
Es hora de que la sociedad colombiana abra los ojos ante estas realidades de colectivos que de un lado señalan y del otro disfrazan. FECODE, en lugar de ser un baluarte de la educación, se ha convertido en un actor político cuestionable, más interesado en servir a intereses partidistas que en representar y proteger a los verdaderos héroes de la educación: nuestros profesores y estudiantes.
La persistencia de FECODE en enturbiar sus nobles objetivos iniciales con prácticas que rozan la corrupción y el nepotismo no es más que un reflejo de un mal mayor que carcome las estructuras de nuestra sociedad. Es hora de despojar a la educación de la pesada capa de politiquería que la asfixia. La exigencia de transparencia y rendición de cuentas no es una opción, sino una obligación ineludible si queremos rescatar la dignidad de la enseñanza en Colombia. Los educadores de este país no merecen ser marionetas en un teatro político que solo beneficia a unos pocos.
Los maestros de Colombia requieren y merecen una federación que abogue por ellos con integridad, no que se esconda tras la fachada de luchas sociales mientras sus manos se tiñen con la tinta de cheques y contratos oscuros. La formación de una veeduría nacional se impone como un paso crítico hacia la recuperación de la ética en nuestras instituciones sindicales, para que el poder vuelva a las aulas y no se quede en los pasillos de la política.
Como bien reza el adagio, no hay educación sin lucha, pero esta debe ser la lucha por la transparencia, la justicia y el futuro de nuestros niños y jóvenes, no una batalla por intereses ocultos. Seguiré alzando la voz, aun en el pesimismo, por un pacto nacional que rescate la esencia verdadera de la educación, una donde los sindicatos sean realmente forjadores de futuro, no enterradores de esperanza.