No se necesita censurar con tinta ni con leyes. Basta con el silencio. Esta es la historia de cómo un medio local en Pereira intentó cerrar mi espacio de opinión por atreverme a disentir. Un relato sobre la cancelación que se esconde detrás del pluralismo de fachada.
Autor: Hernán Tena Cortés | @hernanopina
La consulta popular anunciada por el presidente Petro no es un ejercicio inocente de participación directa. A través de preguntas cargadas de emocionalidad y formulaciones ambiguas, el gobierno busca legitimar una agenda populista que ya cuenta con límites jurídicos y soluciones vigentes. Esta columna desmenuza, punto por punto, las implicaciones técnicas, políticas y legales de una consulta que amenaza con erosionar las bases de la democracia institucional.
La confesión de Benedetti y la denuncia de Leyva revelan la grave crisis de integridad en el gobierno de Gustavo Petro.
Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en su narrativa de transformación social, las cifras de migración revelan un país en crisis. Más de 1,4 millones de colombianos han abandonado su tierra desde 2022, duplicando el promedio histórico y dejando al descubierto el profundo divorcio entre el relato ideológico del progresismo y la cruda realidad que enfrentan millones. Esta diáspora silenciosa no solo evidencia el fracaso de una promesa política, sino que constituye una forma de protesta pasiva contra un modelo que expulsa a sus propios ciudadanos.
La inclusión de una firma fantasma en un litigio internacional evidencia la degradación institucional del Estado colombiano. Bajo el discurso del “cambio” se oculta la continuidad de prácticas clientelistas y opacas, que favorecen a intermediarios sin mérito y ponen en riesgo no solo los recursos públicos, sino la credibilidad internacional del país.
La adquisición del predio C5 en Santa Rosa de Cabal evidencia una modalidad silenciosa y sofisticada de corrupción: la especulación inmobiliaria con recursos públicos, camuflada bajo proyectos sociales. Este caso no solo pone en entredicho la legalidad de la transacción, sino que expone la captura del Estado por redes de poder que instrumentalizan la tierra como botín político.
Alfredo Mondragón no es un representante del pueblo, sino un político oportunista con vínculos con el vandalismo y el clientelismo. Su trayectoria es un reflejo de la corrupción de la izquierda radical.
El sector arrocero en Colombia atraviesa una crisis profunda. A pesar del aumento en el área sembrada, la producción ha caído drásticamente, dejando a miles de familias en la incertidumbre. La respuesta del gobierno ha sido insuficiente y los diálogos están estancados, perpetuando el colapso de un sector vital para la economía nacional.
Los «impuestos saludables» del gobierno Petro, bajo la excusa de mejorar la salud pública, imponen una carga desproporcionada sobre las familias colombianas, gravando alimentos básicos esenciales en su dieta diaria.
El regreso de Benedetti al círculo de Petro no es un hecho aislado, sino el síntoma de un gobierno que, prometiendo transformación, sucumbe a las mismas prácticas corruptas que criticaba. ¿Qué queda del «cambio»?
