Autor: Hernán Tena Cortés | @hernanopina

Columnista, docente e investigador, director de Diario la Nube. Especialista en Educación Superior, con maestría en Lingüística Aplicada y actualmente doctorando en Pensamiento Complejo. Cursa estudios en ciencias políticas y jurídicas, con formación adicional en negocios internacionales, análisis de discurso político y un MBA en Marketing y Comunicación Política. Autor de libros y artículos en revistas indexadas, y miembro de la Asociación Irlandesa de Traductores e Intérpretes.

La consulta popular anunciada por el presidente Petro no es un ejercicio inocente de participación directa. A través de preguntas cargadas de emocionalidad y formulaciones ambiguas, el gobierno busca legitimar una agenda populista que ya cuenta con límites jurídicos y soluciones vigentes. Esta columna desmenuza, punto por punto, las implicaciones técnicas, políticas y legales de una consulta que amenaza con erosionar las bases de la democracia institucional.

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Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en su narrativa de transformación social, las cifras de migración revelan un país en crisis. Más de 1,4 millones de colombianos han abandonado su tierra desde 2022, duplicando el promedio histórico y dejando al descubierto el profundo divorcio entre el relato ideológico del progresismo y la cruda realidad que enfrentan millones. Esta diáspora silenciosa no solo evidencia el fracaso de una promesa política, sino que constituye una forma de protesta pasiva contra un modelo que expulsa a sus propios ciudadanos.

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La inclusión de una firma fantasma en un litigio internacional evidencia la degradación institucional del Estado colombiano. Bajo el discurso del “cambio” se oculta la continuidad de prácticas clientelistas y opacas, que favorecen a intermediarios sin mérito y ponen en riesgo no solo los recursos públicos, sino la credibilidad internacional del país.

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La adquisición del predio C5 en Santa Rosa de Cabal evidencia una modalidad silenciosa y sofisticada de corrupción: la especulación inmobiliaria con recursos públicos, camuflada bajo proyectos sociales. Este caso no solo pone en entredicho la legalidad de la transacción, sino que expone la captura del Estado por redes de poder que instrumentalizan la tierra como botín político.

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