Con la promesa de generar ingresos para los municipios, ofrecer empleo a los habitantes, reforestar y construir “parques biodinámicos”, las empresas de megaminería han ganado terreno en las comunidades para convencerlas sobre las “bondades” de esta actividad económica.
Mientras los municipios de Jericó, Támesis y Fredonia en el suroeste antioqueño llevan meses movilizándose a favor o en contra, debatiendo y haciendo visible los planes de la empresa Anglo Gold Ashanti – AGA , en 10 municipios del Norte de Caldas y presuntamente en Quinchía, Risaralda, sin mucha difusión, la empresa ha tramitado ante la Agencia Nacional de Minería – ANM- más de 50 licencias de concesión para explotar recursos de oro, cobre y plata.
La avanzada minera no para allí. Recientemente el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 18 de marzo d 2021, declaró la nulidad de la consulta popular llevada a cabo en el municipio de Piedras en el año 2013, y en la cual por votación mayoritaria, AGA había perdido “los derechos” que se había otorgado sobre el río Opia, la principal fuente de agua del municipio.
Esta actuación marca un precedente y pone en riesgo los resultados de las demás consultas populares como lo son las de Cajamara (La Colosa) y Pijao en el Quindío. Desde Antioquia, hasta el Eje Cafetero y Tolima, las comunidades deben estar alerta ante la incursión masiva de los proyectos de megaminería en la región.
El enfoque de desarrollo económico basado en la megaminería a cielo abierto, contrasta con la necesidad de replantear el enfoque productivo que mitigue los efectos del cambio climático y respete el paisaje cafetero y su biodiversidad. El Congreso de la República no ha estado a la altura de los desafíos que implica tomar decisiones en favor de la preservación del ambiente y por el contrario se ha opuesto a la ratificación de iniciativas como el Acuerdo de Escazú, cuyo enfoque de participación ciudadana en los proyectos que afectan el entono social y ambiental es prioritario.
Para contrarrestar esta tendencia y dar respuesta a la solicitud de la Corte Constitucional en la sentencia 095 que ordena al Congreso expedir una norma que garantice mecanismos de participación de la ciudadanía frente a proyectos mineros y de hidrocarburos, con el apoyo de 150 organizaciones ambientalistas, 40 congresistas radicaron en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley Democracia Ambiental, que busca “regular la participación de la ciudadanía afectada, o que potencialmente puede serlo, por proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
Esta iniciativa fue construida además por el Movimiento Nacional Ambiental y es una oportunidad para que el país establezca mecanismos que permitan solucionar conflictos ambientales y avanzar en el desarrollo de los principios base del Acuerdo de Escazú.
PD #PaisajeCafeteroSinMinería
